San José, 13 ene (elmundo.cr) – La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) presentó una demanda contra la Sociedad Catalinas Properties Holding Limitada, una empresa que desarrolla el proyecto hotelero Las Catalinas en Carrillo y Santa Cruz de Guanacaste, por haber invadido la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).
Así consta en la resolución 116-2017-SETENA del pasado 19 de enero, mediante la cual la institución, adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), determinó que el desarrollador del proyecto invadió la zona pública de la Playa Pan de Azúcar.
El caso se remonta al 11 de diciembre del 2015, cuando Neal Morrison Herman, un extranjero que figura como apoderado de la sociedad desarrolladora, reportó a SETENA que en el sector donde se construye el hotel de 21 villas, denominado Casa Camaleón, se efectuaron movimientos de tierra indebidos, en la zona marítimo terrestre, en un área aproximada de 85 metros cuadrados.
No fue sino hasta el 29 de febrero del 2016, que SETENA realizó una visita de seguimiento ambiental al área del proyecto, donde constataron esos movimientos de tierra.
Ante lo anterior, el 18 de mayo del 2016, SETENA solicitó información sobre la ubicación de la Zona Marítimo Terrestre en ese lugar, al Instituto Geográfico Nacional, quien respondió hasta el 15 de julio del 2016.
En uno de sus considerandos, SETENA afirmó que “de la visita de seguimiento ambiental realizada al proyecto, el análisis del expediente administrativo y consultas realizadas, se ha determinado que el proyecto no cumple con los compromisos ambientales asumidos ante esta Secretaría, por cuanto se ha realizado un movimiento ilegal de tierras en la zona pública de playa Pan de Azúcar, específicamente, entre los mojones 109 y 110 del Instituto Geográfico Nacional”.
Ante ello, SETENA ordenó trasladar la denuncia al Ministerio Público, para que este investigue en la vía penal, el presunto delito por invasión de la zona pública de Playa Pan de Azúcar, entre los mojones 109 y 110 del Instituto Geográfico Nacional.
Además, solicitó al desarrollador del proyecto que, en un plazo de 30 días hábiles, presente un Plan de Compensación Social por el incumplimiento efectuado.
Asimismo, la entidad castigó a la desarrolladora, ordenándole depositar en un plazo de 10 días hábiles el monto por garantía ambiental correspondiente al 1% de la inversión del proyecto, cuyo monto fue establecido en $9.290.000 dólares.
