San José, 15 may (elmundo.cr) – Este cuestionamiento fue realizado por la diputada de Restauración Nacional, Floria Segreda, luego de que la Sala Constitucional le ordenara a la presidenta ejecutiva del PANI, Patricia Vega, diseñar un protocolo para garantizar la defensa y el debido proceso en los casos de los menores a su cargo.
Esto a raíz de que la Sala Constitucional determinara que la funcionaria del PANI que tenía a cargo la tramitación del caso de una niña de 3 años, la sustrajo del kínder al que asistía para reubicarla con familiares paternos, pese a que estaba al cuidado de la abuela.
Ante esto Segreda señaló que “la institución violenta lo que ellos mismos deben salvaguardar, y en ocasiones, sin estudios previos separan a los niños de sus madres o tutores para darlos en custodia a hogares sustitutos, en los que el remedio termina siendo peor que la enfermedad”.
“Pero, si lo anterior no fuera suficientemente alarmante, las muertes de los niños ocurridas la semana anterior, y que fueron del conocimiento de todos, se pudieron haber evitado si el PANI hubiese intervenido a tiempo. Ya que, en ambos casos se habían presentado denuncias contra las familias de los menores y el Patronato se tomó los casos con liviandad”, agregó.
Para la diputada es contradictorio que en algunos casos el PANI actúa de forma precipitada y en otros sus ‘protocolos’ les impiden intervenir a tiempo.
“Es urgente que hagamos algo para que esto no vuelva a suceder”, concluyó la legisladora.
