Sector transporte se une y funda nueva Federación Nacional para impulsar modernización del sistema

» Representantes gremiales presentaron una hoja de ruta a las autoridades electas durante el "Primer Encuentro Nacional del Transporte Público 2026".

San José, 29 abr (elmundo.cr) – Con el objetivo de enfrentar la crisis que atraviesa el sector y proponer soluciones integrales, las principales organizaciones gremiales del transporte público en Costa Rica anunciaron la creación de la Federación Nacional de Cámaras de Transporte Público.

La nueva entidad, conformada por CAPROBUS, CANABUS, la Cámara de Transportistas de Cartago y la Cámara de Transportistas de Heredia, oficializó su nacimiento durante el “Primer Encuentro Nacional del Transporte Público 2026”, celebrado este martes en el Hotel Radisson, en San José.

El evento contó con la participación de representantes del sector urbano, rural y provincial, además de la presencia del primer vicepresidente electo de la República, Francisco Gamboa Soto, y diputados que integrarán la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030.

Bernal Rodríguez, presidente de CANABUS, enfatizó la necesidad de una alianza entre los sectores público y privado para rescatar el sistema. “Estamos en una situación de crisis económica que ya no puede solventar sola la empresa privada. Se necesita un andamiaje institucional que permita apoyar las decisiones desde lo legislativo, lo ejecutivo y lo privado para mejorar el sistema de transporte que debe prevalecer en cualquier sociedad”, afirmó Rodríguez.

Por su parte, Miguel Zamora, presidente de CAPROBUS, señaló que la Federación nace con la meta de presentar propuestas concretas que beneficien directamente al usuario final. “Estamos muy felices de que hoy nazca este planteamiento de unión para presentar soluciones reales que deben ser analizadas por el Poder Legislativo y las comisiones de discusión que se abran a partir de hoy”, indicó Zamora.

Durante la jornada, los líderes gremiales subrayaron que la modernización del transporte, incluyendo la transición hacia la electromovilidad y la digitalización, es una responsabilidad compartida con el Estado.

Asimismo, hicieron un llamado a las nuevas autoridades para establecer un marco de seguridad jurídica que garantice la “bancabilidad” de los proyectos y facilite la renovación de las flotas de autobuses, bajo la premisa de que el transporte público es un derecho fundamental para la movilidad de los ciudadanos.

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