
San José, 9 ago (elmundo.cr) – El Sector Pesquero Nacional anunció que se lanzaran a las calles de manera indefinida a partir del día 28 de agosto, quedando pendiente el punto de encuentro de los manifestantes.
El propósito de los pescadores es hacerse escuchar ante el hambre que sufren sus familias, según alega el sector, ante la poca respuesta por parte del gobierno a los problemas que vive la provincia y la afectación directa a la pesca.
Entre los problemas que acecha a esta población, la lista es encabezada por el alto índice de desempleo, inseguridad, falta de licencias para operar, entre otros.
Roy Carranza presidente de la Cámara Puntarenense de Pescadores(Camapun) indicó que, en la última visita del presidente de la República a la provincia, no se avanzó en acuerdos sobre la materia.
“Esto ha generado una disconformidad de todala provincia. El presidente trajo soluciones poco viables debido a que no se ajustan a las condiciones actuales de los puntarenenses, expuso su punto de vista pesquería y cerró la reunión sin permitir que la gente expusiera la realidad de la provincia. Eso no es una mesa de diálogo, ni llegar a un acuerdo”, señaló Carranza.
Una de las acciones que generó el paso atrás en la aprobación del proyecto de ley 18.968, el cual plantea una ley para el ejercicio sustentable de la pesca semiindustrial camaronera en Costa Rica, fue la supuesta falta de estudios técnico ambientales que comprobaran un ejercicio sin impacto directo al ecosistema marino.
De acuerdo con el sector pesquero los estudios existen; sin embargo, no estaban en el momento de la discusión del proyecto durante la legislatura pasado lo que generó un retroceso en la aprobación del proyecto
Por su parte, Jhonny Quirós representante de la organización ‘El Puerto Puede’ manifestó que en un estudio hecho por ellos se determinó que “la pesquería de arrastre aporta más de un millón de dólares mensuales a la economía porteña. Al quedar este eslabón roto y pretender eliminar este tipo de pesca la economía de Puntarenas estaría afectada”.
Quirós aseguró que tanto el taller de refrigeración, como el comerciante de insumos pesqueros y la población en general, están siendo afectados, pero asegura que están en la mejor disposición de acatar todas las regulaciones necesarias para que la pesca sea sostenible y no aceptarán la decisión de eliminar las pesquerías del territorio nacional.