San José, 23 ene (elmundo.cr) – El sector construcción manifestó su preocupación por las declaraciones del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, al manifestar sus intenciones de revisar las exoneraciones que reciben las empresas bajo el régimen de zonas francas.
Para el sector construcción esto podría generar inseguridad jurídica a las empresas instaladas en el país que gozan de dichos beneficios.
De igual forma, hacen hincapié en que existen estudios, como el estudio “Importancia Relativa de los Beneficios Intangibles de la Inversión Extranjera Directa en Zonas Francas: El caso de Costa Rica”, estima que las externalidades positivas de la Inversión Extranjera Directa (IED), por medio de los impactos económicos que generan las empresas del régimen, superan entre 1.5 y 2.3 veces el costo de las exoneraciones fiscales.
Para dicho sector la estrategia de atracción de la IED, es fundamental para el crecimiento y la transformación productiva del país, el equilibrio en la balanza de pagos, la transferencia de tecnología y conocimiento, así como para la generación de nuevas y bien remuneradas oportunidades laborales.
Asimismo, genera impactos indirectos de suma importancia, como la activación de proveedores domésticos y la creación de empleos en los segmentos de la cadena de valor asociados. Claro ejemplo de esto es la dinamización del sector construcción, ya que las compañías extranjeras que se instalan en el país requieren una demanda de edificaciones de primer nivel e infraestructura productiva.
El director ejecutivo de la Cámara de la Construcción, el Lic. Randall Murillo, expresó que “hacemos un llamado al Gobierno de la República para que, previo a analizar posibles incrementos en la carga impositiva, atiendan los cambios que requiere el sistema de impuestos del país para mejorar la seguridad jurídica de todos: la implementación de medidas para evitar la doble imposición, la puesta en marcha del proyecto de Hacienda Digital y además, cuáles son los incentivos que se tendrán para continuar siendo un país atractivo para invertir, elevar la productividad y promover los encadenamientos productivos entre las empresas extranjeras y las empresas nacionales”.
Si bien es cierto que se espera que el impuesto mínimo global, impulsado por la OECD, entre en vigencia en este 2024, corresponde a la Asamblea Legislativa -por ser un tema de Reserva de Ley- modificar nuestro sistema tributario.
Conjugado a lo anterior, cabe recordar que en Costa Rica recientemente se ejecutó una importante reforma fiscal que ha permitido un aumento en la recaudación de los impuestos, destacada incluso por el propio ministro de Hacienda.
“Resulta absolutamente inviable pensar en cualquier medida que incrementen los impuestos mientras no se demuestre la reducción del gasto corriente del Estado: la solución al problema fiscal del país debe empezar por una profunda reducción del aparato estatal”, expresó Murillo.
