San José, 9 ene (elmundo.cr) – Aproximadamente hace un año, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), presentó al país la política pública para el sector agropecuario costarricense 2023-2032, que busca materializar una serie de acciones concretas e identificadas, orientadas a la reactivación de un sector económico indispensable para el desarrollo rural, haciendo uso de herramientas tecnológicas y generando más puestos de trabajo.
Asume el MAG el reto de liderar este proceso, de un sector que presenta asimetrías entre productores agroexportadores y productores para mercado local.
Así, un importante número de unidades productivas se enmarcan en lo que se ha denominado agricultura familiar, ubicadas mayoritariamente en zonas rurales en donde, según datos del 2021, el índice de pobreza ascendió al 26,3% y la pobreza extrema se estimó en 8,3% en zonas rurales; esto sumado a insumos agrícolas que no responden a las nuevas tecnologías y concentración de mercado.
Sin embargo y pese a que el MAG señala que la política pública fue elaborada con participación de instituciones del sector agropecuario, la academia y el sector productivo, durante el 2023, un grupo de agricultores recurrió a solicitar espacios de diálogo con el gobierno, en contra de políticas que, a su juicio, atentaban contra sector, en el marco de la seguridad alimentaria del país.
Con el fin de ahondar en el tema, la Defensoría de los Habitantes desarrolla una investigación en relación con el tema de la seguridad alimentaria, en la que retoma entre sus apartados, un estudio del 2019 de la Contraloría General de la República (CGR), el cual tuvo como propósito evaluar la eficiencia y eficacia de los servicios de asistencia técnica, financiamiento, seguros y fomento a la producción, brindados por instituciones del sector agropecuario para contribuir prioritariamente con la disponibilidad alimentaria nacional; así como su vínculo con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS).
A modo de ejemplo, en su momento la CGR consultó sobre los resultados del estudio a la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria la que consideró “que las distintas instituciones del Sector Agropecuario deben coordinar con otros ministerios para garantizar una mayor defensa comercial ante eventuales importaciones irregulares de productos agropecuarios; se debe regular la intermediación de los bienes, así como contar con servicios de información climatológica y de siembra que le permitan consultar al productor en qué fechas se puede sembrar y que le permitan tomar decisiones de producción más certeras; mejorar el proceso de registro de agroquímicos, así como el servicio de certificación y utilización de semillas; y, habilitar los servicios de laboratorio”.
Cuatro años después, a efectos de la investigación que desarrolla la Defensoría, se consultó nuevamente a la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, en relación con las condiciones actuales del sector, a lo que señalaron que “para el año 2023 se mantienen en vigencia las observaciones y comentarios emitidos en el 2019”. Este comentario, permite evidenciar que la desvinculación del Sector agrícola, de las políticas del Estado tienen su origen años atrás, lo que ratifican los resultados del índice de pobreza señalados.
De forma complementaria, la Defensoría realiza una investigación sobre una institución clave del sector agropecuario, en la cual se analiza el tema de la gobernanza en el marco de los derechos humanos, que pone de manifiesto una clara obligación constitucional administrativa que, tiene como correlato necesario, el “derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos”, tal y como lo ha señalado la propia Sala Constitucional.
Se analiza cómo, en este caso una institución pública vinculada del sector agrícola, requiere para el cumplimiento de los objetivos, trabajar en la implementación buenas prácticas de gobierno corporativo o Gobernanza que involucra los procesos de trabajo, simplificación de trámites, indicadores de calidad, eficiencia, eficacia, cumplimiento de la normativa de control interno y de la evaluación de la gestión pública, así como la rendición de cuentas ante la sociedad.
