San José, 07 nov (elmundo.cr) – La secretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), Yorgina Alvarado, denunció este sábado un nuevo episodio de violencia política que atribuye al presidente de la organización, Gilberth Díaz Vásquez, luego de que una sesión del Consejo Nacional de Representantes fuera suspendida en el Hotel Radisson de San José.
Alvarado señaló que la sesión había sido convocada formalmente por el Directorio Ejecutivo Nacional, pero fue interrumpida por Díaz y simpatizantes de la tendencia UTRA. Según la dirigente, este grupo realizó una convocatoria paralela para la misma hora y lugar con el fin de “deslegitimar” la reunión oficial.
“La violencia política no tiene que ver únicamente con agresiones físicas o verbales. La violencia política también se ejerce cuando se intenta deslegitimar la participación de las voces disidentes”, manifestó Alvarado.
La secretaria general detalló que, ante la situación, el Directorio Ejecutivo Nacional intentó trasladar la sesión a otro recinto, pero los incidentes provocados por los seguidores de Díaz persistieron. “Genera un enorme zafarrancho, obstaculizan e impiden el desarrollo de la sesión y desemboca la llamada de Fuerza Pública”, afirmó.
El encuentro tenía como objetivo preparar la Asamblea Nacional del próximo 17 de noviembre y coordinar aspectos de la movilización sindical prevista para el 11 de noviembre. Alvarado vinculó estos hechos con el prolongado conflicto interno que atraviesa el sindicato, marcado por la exclusión de la papeleta opositora FARO del proceso electoral 2026-2030 y la declaratoria de victoria de la tendencia de Díaz sin votaciones.
“Estamos en pérdidas por su autoritarismo, por su necesidad de mantener el control de las diferentes estructuras y por la forma en la que busca deslegitimar nuestras acciones”, denunció Alvarado, quien ha sostenido que su expulsión del sindicato —impulsada por la dirigencia de Díaz— carece de respaldo legal, una postura que ha sido respaldada por resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Por su parte, la dirigencia de Gilberth Díaz ha defendido anteriormente sus actuaciones, alegando que las acciones de Alvarado y otros dirigentes disidentes buscan desestabilizar la organización y han derivado en denuncias penales por el manejo de recursos sindicales.
Ante este escenario, Alvarado hizo un llamado a la afiliación para participar en la Asamblea Nacional del 17 de noviembre y exigir procedimientos “democráticos, transparentes e imparciales”, asegurando que el conflicto compromete el ejercicio de los derechos de representación dentro del sindicato.
