San José, 21 mar (elmundo.cr) – El Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) denunció una supuesta “campaña de miedo” impulsada por el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro), en la que —según afirman— se amenaza a docentes de primaria con acusaciones de ejercicio ilegal de la profesión.
Mediante un pronunciamiento público, la organización sindical aseguró que las advertencias difundidas en redes sociales buscan intimidar a miles de educadoras, en su mayoría mujeres, pese a que —según sostienen— la legislación vigente no exige la colegiatura para este sector.
“Se despliega una campaña de miedo contra miles de educadoras y educadores de primaria (…) acusadas de ‘ejercicio ilegal de la profesión’ por no estar colegiadas en Colypro”, indicó el SEC.
El sindicato argumentó que la propia Ley 4770, que da origen a Colypro, excluye expresamente a las docentes de primaria de la obligación de incorporarse a dicho colegio profesional.
Asimismo, citaron resoluciones judiciales para respaldar su posición. “El Tribunal Superior Penal de Puntarenas lo ha dicho con claridad: no hay delito donde no hay tipicidad”, señalaron.
En esa línea, el SEC recalcó que no existe base legal para perseguir penalmente a quienes ejercen la docencia en primaria sin estar colegiadas. “Se les acusa de un delito que no existe. Se les señala como infractoras de una norma que no las nombra”, agregaron.
El sindicato también criticó lo que considera un uso indebido del derecho penal para generar temor en el sector educativo. “No aceptamos campañas de terror disfrazadas de legalidad. No aceptamos que se persiga a quienes sostienen la escuela pública con su trabajo cotidiano”, manifestaron.
Como parte de su posicionamiento, el SEC reiteró que brindará respaldo a las personas docentes que enfrenten procesos legales por este tema. “Cualquier docente que se encuentre demandado por Colypro tendrá la protección del SEC”, afirmaron.
Además, insistieron en que “nadie en primaria y preescolar está obligado a colegiarse”, y señalaron que quienes lo hayan hecho bajo presión “están en todo derecho de renunciar de manera inmediata”.
El pronunciamiento concluye con un llamado a defender la educación pública y los derechos laborales del magisterio, en medio de un nuevo foco de tensión entre organizaciones gremiales del sector educativo.
