San José, 28 oct (elmundo.cr) – Representantes del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) denunciaron trabas en las cuentas bancarias de la organización y cuestionaron las actuaciones administrativas relacionadas con la modificación de su personería jurídica, en medio de una controversia por la expulsión de varios afiliados.
Durante la exposición, uno de los participantes también señaló al presidente Rodrigo Chaves Robles, al afirmar que estaría interesado en debilitar al sindicato para tomar el control de la organización.
Defienden expulsiones por presunta administración fraudulenta
Uno de los representantes rechazó que las expulsiones tuvieran como objetivo apartar a los afiliados de una elección interna y aseguró que respondían a un caso que, según su versión, estaba documentado.
“No se les expulsó para eliminarlo de la elección”, manifestó el participante, quien insistió en que las decisiones estaban relacionadas con presuntos hechos de “administración fraudulenta”.
El representante agregó que, de acuerdo con su explicación, el procedimiento se desarrolló conforme a los estatutos del sindicato y que los hechos también estaban vinculados con una denuncia penal.
Durante la intervención, sostuvo que las decisiones fueron adoptadas por los órganos internos correspondientes y no directamente por el Gobierno.
Según detalló, las resoluciones fueron emitidas por el Tribunal de Ética y posteriormente ratificadas por el Consejo Nacional de Representantes el 2 de octubre.
“Las resoluciones fueron realizadas por el Tribunal de Ética, que es el órgano competente”, indicó el participante al explicar el procedimiento que, según su versión, condujo a las expulsiones.
Abogado cuestiona el trámite de la personería jurídica
Durante la exposición, un abogado explicó que el análisis debía partir de los estatutos del SEC y de las competencias de sus órganos internos.
“Si el estatuto define que el Consejo Nacional de Representantes es quien realiza la expulsión de una persona, sea quien sea, fuera ella o fuera cualquier otra persona”, señaló.
El abogado sostuvo que la función del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debía limitarse a tramitar la solicitud presentada por el sindicato, conforme al procedimiento correspondiente.
“Lo que le compete o lo que realmente al Ministerio de Trabajo es acatar la solicitud que está haciendo el SEC”, afirmó.
Los participantes cuestionaron que el trámite administrativo relacionado con la personería jurídica estuviera generando consecuencias para el funcionamiento de la organización.
Denuncian trabas en las cuentas bancarias
Uno de los principales señalamientos de la exposición fue el supuesto bloqueo de las cuentas bancarias del sindicato, situación que los participantes vincularon con el procedimiento para modificar la personería jurídica.
“En ese momento hay una traba total y completa de las cuentas bancarias del sindicato”, afirmó uno de los expositores.
Posteriormente, reiteró que la organización mantenía dificultades para operar con sus cuentas y advirtió sobre las posibles implicaciones de esa situación para la autonomía sindical.
“Esas trabas tienen en ese momento al SEC con las cuentas trabadas”, manifestó.
Los participantes relacionaron el problema con las actuaciones del Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo.
Invocan el Convenio 87 de la OIT y la Constitución Política
En la discusión también se hizo referencia al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionado con la libertad sindical, y al artículo 60 de la Constitución Política de Costa Rica.
El abogado recordó que ambas normas forman parte del marco jurídico relacionado con el derecho de sindicalización y utilizó esos instrumentos para explicar su interpretación de las competencias de las autoridades y de los órganos internos del sindicato.
Los participantes sostuvieron que las actuaciones administrativas debían respetar la autonomía de la organización y el procedimiento establecido en sus estatutos.
