Asamblea Legislativa, 30 set (elmundo.cr)- La Dirección Nacional de Pensiones (DNP), ha girado en los últimos tres años más de 1.041 millones de colones a unos 2.377 pensionados fallecidos. Ante esta situación, la diputada liberacionista, Sandra Piszk, presentó ante la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto de ley que evitaría que se continué con esta situación.
Para Piszk, está práctica que se ha evidenciado en los últimos años, constituye además un delito de estafa.
“Hay familiares de estas personas que fallecieron a los que se les sigue pagando la pensión, lo cual implica un gasto muy importante para el Estado y constituye sin duda alguna un delito de estafa, puesto que si la persona falleció los familiares no tienen porque seguir recibiendo el dinero”, comentó la legisladora.
Con esta iniciativa se pretende mejorar los mecanismos por los cuales se le reporta a la DNP la muerte de alguna persona para que de forma casi inmediata se le cancele el pago de estos dineros, de manera contraria se sancionaria penalmente a las personas que se beneficien ilegalmente por esta práctica.
“Lo que pretendemos con el proyecto es que la Caja, los Hospitales o cualquier persona que tenga noticia de un fallecimiento, lo comunique de inmediato(…) Este proyecto además de evitar una estafa al Estado, ahorraría al presupuesto nacional recursos importantes en tema de pensiones”, agregó Piszk.
Durante la administración Chinchilla Miranda, se había reducido el lapso de tiempo entre el reporte de muerte del pensionado y su notificación a la Dirección Nacional de Pensiones, pasando de tres meses a un mes y medio, sin embargo, para la verdiblanca el período determinado actualmente para este procedimiento sigue originando grandes problemas.
