San José, 27 set (elmundo.cr) – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (conocida como la Sala IV) ordenó al Ministerio de Seguridad Pública abrir una investigación contra los oficiales de Fuerza Pública involucrados en la detención y agresión de un extranjero.
Así lo informó la oficina de prensa de la Sala Constitucional este martes. Los magistrados emitieron la sentencia 2016-12981 para un recurso de habeas corpus que se tramitaba en el expediente 16-011657-0007-CO.
Según la sentencia, redactada por el Magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado y acogida por unanimidad, se corroboró la detención y posterior agresión que sufrió una persona extranjera, por parte de policías de la Fuerza Pública.
En su análisis, la Sala determinó que el arresto fue procedente, pues al sujeto se le encontraron dosis de droga, además de que se resistió al arresto, propinando mordiscos y patadas a los oficiales de la Fuerza Pública que debían trasladarlo a la Fiscalía para iniciarle un proceso judicial por resistencia agravada.
Según el testimonio del afectado, cuando fue detenido fue víctima de agresión policial. Si bien las autoridades en su contestación a la Sala Constitucional rechazaron los alegatos, un dictamen Médico Legal confirmó que el sujeto fue agredido.
“En diversas resoluciones, la Sala ha dicho que el ejercicio de la fuerza por la policía debe llevarse a cabo dentro de los límites de la razonabilidad y proporcionalidad. Se declara con lugar el recurso”, dice la sentencia.
Los magistrados ordenaron a María Fullmen Salazar Elizondo, Viceministra de Seguridad Pública, que gire de inmediato las órdenes a fin de que se investigue la agresión denunciada por el denunciante, y se establezcan las responsabilidades disciplinarias pertinentes.
De esas acciones, Salazar deberá informar a la Sala Constitucional dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la notificación de la sentencia. Asimismo, se le ordenó que emita las órdenes para que los oficiales de la Fuerza Pública se abstengan de incurrir, nuevamente, en los hechos que dieron fundamento a la declaratoria con lugar del recurso de habeas corpus.
Finalmente, la Sala remitió la sentencia y el expediente al Ministerio Público y y al Fiscal General, a fin de que se determine si los jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública incurrieron en falso testimonio en su contestación ante la Sala Constitucional.
