San José, 01 ago (elmundo.cr) – La Sala Constitucional ha emitido una sentencia que marca un precedente en la defensa de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario costarricense. El fallo ordena al Ministerio de Justicia y Paz suministrar camas a las personas privadas de libertad en todos los centros penales del país, incluso si las cárceles continúan en condiciones de sobrepoblación.
La decisión surge después de que un privado de libertad del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero (conocido como La Reforma) presentara un recurso de amparo. El hombre denunció que, tras ser trasladado a un área de alta contención, se vio forzado a dormir en el suelo de cemento, una situación que ha deteriorado tanto su salud física como mental, agravada por el hacinamiento en el lugar.
Luego de la investigación, la Sala Constitucional confirmó que varios internos del Ámbito D efectivamente dormían en el suelo, constatando una violación directa a su derecho a la dignidad.
Por ello, el Tribunal declaró parcialmente con lugar el recurso y ordenó a la directora del CAI Jorge Arturo Montero, “adoptar las medidas pertinentes y coordinar lo necesario para que, dentro del plazo de tres meses contados a partir de la notificación de la sentencia, se suministre una cama a los privados de libertad que no la tienen y que no van a ser reubicados con prontitud, hasta el máximo de camas equivalente a la sobrepoblación carcelaria permitida, es decir, un 20% adicional a la capacidad del centro penal”.
Asimismo, la resolución dispone que si aun así quedan personas sin cama pero cumplen los requisitos para ser trasladadas a otros regímenes, centros o módulos, estas deben ser las primeras en ser reubicadas.
La Sala IV ha reiterado en diferentes sentencias la importancia de proteger la dignidad e integridad de la población carcelaria, señalando que la práctica de hacer dormir a reclusos en el piso viola tanto las normativas nacionales como los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El hacinamiento en prisiones costarricenses ha sido objeto de reiteradas advertencias y recursos, con informes que alertan sobre la conversión de cárceles en “depósitos de personas”, práctica que menoscaba la atención médica, mental y social de los internos y genera graves problemas sanitarios y de convivencia.
El Ministerio de Justicia tiene un plazo de tres meses para cumplir la sentencia y presentar evidencias de las gestiones realizadas. Con este fallo, la Sala Constitucional subraya la urgencia de tomar medidas estructurales y sostenidas para enfrentar la sobrepoblación carcelaria, y garantizar el respeto a los derechos mínimos de quienes cumplen condena en el sistema penitenciario costarricense.
