San José, 25 abr (elmundo.cr) – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar un recurso de amparo presentado a favor de los estudiantes del Centro Educativo Edwin Porras Ulloa, ubicado en Calle Lajas de San Miguel de Desamparados.
En dicho centro educativo, existen condiciones consideradas por los magistrados como “deplorables” e “inaceptables”, ya que están en las instalaciones de una iglesia, ubicada en zona de deslizamientos, con mala instalación eléctrica y con condiciones de hacinamiento.
Una sección de estudiantes fue la trasladada a dicha iglesia, pues en el centro educativo no cabían más estudiantes.
Ante ello, los magistrados ordenaron a la Directora de Infraestructura y Equipamiento Educativo del MEP y al Director de la Escuela Edwin Porras Ulloa, para que el plazo de tres días se ejecute, por parte de la Dirección de Infraestructura, la inspección del local donde fue ubicada la sección en la Iglesia Ágape, ubicada en Calle Lajas de San Miguel de Desamparados, y en caso de comprobarse la ausencia de condiciones óptimas para el proceso educativo y de seguridad de los menores, se disponga el traslado inmediato de los estudiantes a un lugar donde se cumplan las condiciones indicadas.
“El Tribunal pudo corroborar que los menores de edad reciben lecciones en las instalaciones de la iglesia mencionada, bajo condiciones que se omitió comprobar, para que fueran óptimas, tanto en aspectos del proceso educativo, como de seguridad, por cuanto no se realizó una inspección para esos efectos”, dice un comunicado del Poder Judicial.
La Sala consideró, además, que aunque el recurso de amparo se presentó por los problemas señalados en las instalaciones prestadas, lo cierto es que la escuela no cuenta con las condiciones óptimas para el proceso educativo de los estudiantes, por los problemas de infraestructura, hacinamiento, por estar ubicada en una zona de deslizamientos y contar con un sistema eléctrico deplorable.
La Sala estuvo integrada por el Magistrado Fernando Cruz Castro quien presidió y los Magistrados Fernando Castillo Víquez, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fdo. Salazar Alvarado como ponente, José Paulino Hernández Gutiérrez y Enrique Ulate Chacón.
