San José, 23 mar (elmundo.cr) – La Sala Constitucional resolvió un recurso de amparo relacionado con la minería ilegal en Crucitas, Cutris de San Carlos, Alajuela, ordenando acciones inmediatas a varias instituciones del Estado.
La resolución, emitida bajo el expediente 25-026634-0007-CO, responde a las denuncias sobre las omisiones de las autoridades frente a la minería ilegal, que compromete derechos fundamentales como un ambiente sano, la salud, la seguridad pública y el acceso al agua potable.
La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso, señalando responsabilidades en el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
La sentencia exige medidas específicas para cada institución, con el objetivo de abordar la problemática de la minería ilegal en la zona de Crucitas.
Al Ministerio de Seguridad Pública se le ordena “mantener de modo permanente e indefinido la presencia policial”, reforzar el control migratorio y mantener la vigilancia para evitar la actividad minera ilegal. Además, se le instruye a coordinar acciones con otras instituciones y asegurar los recursos necesarios para estas tareas.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) deberá continuar con el suministro de agua potable y concluir el “Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable” en un plazo de 18 meses. También se le exige coordinar con el Ministerio de Salud y otras instituciones para atender la contaminación del agua.
El Ministerio de Salud deberá continuar con el control y seguimiento en su ámbito de acción y mantener su participación activa en la “Comisión Interinstitucional para atender de forma integral las necesidades ambientales, sociales, de salud y seguridad en la zona de Crucitas”.
El Ministerio de Ambiente y Energía, en conjunto con el Ministerio de la Presidencia, deberá presentar en tres meses un plan detallado de acciones para proteger los recursos ambientales, incluyendo medidas de restauración y mitigación. Se les exige asegurar los recursos necesarios para la ejecución de estas acciones en un plazo de 12 meses.
La Sala Constitucional advierte a las autoridades sobre las consecuencias del incumplimiento de estas órdenes, incluyendo posibles sanciones de prisión o multa. La resolución completa del expediente estará disponible en el sitio web del Poder Judicial, Nexus.
