San José, 7 jun (elmundo.cr) – Un plazo de seis meses es lo que tiene el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para solucionar el problema de la contaminación del agua con clorotalonil que afecta las nacientes de agua de la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno de Cartago, de acuerdo con la Sala Constitucional.
La Sala condenó al Estado y al AyA en resolución 2023-13384, perteneciente al expediente 22-026649-0007-CO, con el pago de las costas, daños y perjuicios causados por esta situación. Estos se reclamarán en el proceso de ejecución de sentencia en la jurisdicción contencioso-administrativa.
El recurso de amparo fue presentado por el integrante del Frente Ecologista de Cipreses, Fabián Pacheco Rodríguez, contra el Ministerio de Salud, la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno y AyA, por no actuar pronto ante la situación de la contaminación con clorotalonil de dos acueductos rurales de la zona norte de Cartago, en las comunidades de Santa Rosa y Cipreses en el cantón cartaginés, situación que tiene a unas 10 mil personas recibiendo agua potable en cisternas desde hace ocho meses.
En una entrevista con El Mundo Radio (91.1 FM), Pacheco afirmó que “es una decisión muy importante porque el clorotalonil es un plaguicida prohibido en muchos países del mundo por ser altamente contaminador de aguas y tener riesgos inadmisibles sobre la vida no solo silvestre sino humana. (…) Este fallo es histórico porque el clorotalonil viene contaminando el agua de Cipreses y de Santa Rosa que se sepa y que son la punta iceberg porque sabemos que la otra semana van a ir hacer nuevos monitores”.
En el fallo se ordenó a la Ministra de Salud, Mary Munive, y la directora del Área Rectora de Salud de Oreamuno, Fiorella Fait Wong, establecer la coordinación con las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Minae y del AyA para que dentro del plazo de seis meses se adopte lo dispuesto en el informe técnico mencionado, para garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas.
Adicionalmente, la Sala ordenó al Gerente General del AyA y al presidente de dicha ASADA, Jorge Zapata Arroyo y José Sánchez Redondo, respectivamente, que mantengan y garanticen la prestación del servicio de agua potable para consumo humano mediante las vías que corresponda, sin que se utilice ninguna de las fuentes contaminadas.
Asimismo, se castigó a la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno de Cartago al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía civil.
Por su parte el magistrado Jorge Araya García, instructor del caso, comentó que “esta sentencia es de especial relevancia porque no solamente se está ante el riesgo de consumir agua contaminada, sino que los informes técnicos, que constan en el expediente, señalan que hay un claro riesgo para la salud humana debido a que muchos productos agrícolas que provienen de la zona se riegan con agua afectada por este plaguicida”.
Paralelo a esto, Pacheco afirmó que “es muy importante dar un seguimiento a esto por ejemplo el tema de la protección ecológica de las nacientes que en nuestra comunidad en especial es lamentable el estado ecológico de las tomas de agua de miles de personas (…) Vamos a estar vigilantes de eso”.
