San José, 26 mar (elmundo.cr) – El Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, presidido por la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), tiene 12 meses para consultar a niños, niñas y adolescentes indígenas en 24 territorios del país.
Así lo determinó la Sala Constitucional al declarar con lugar un recurso de amparo presentado por la Defensoría de los Habitantes.
La defensora, Angie Cruickshank Lambert, explicó que la exclusión de las voces de esta población en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036 “representó una violación al interés superior del niño y de la niña, sus derechos a la igualdad y no discriminación, sus derechos a la participación, supervivencia y desarrollo, entre otros”.
Cruickshank resaltó la preocupación expresada por la población indígena durante sus recientes visitas a La Casona de Coto Brus, Salitre y Cabagra.
La política, publicada en abril de 2024, establecía que la consulta sobre los derechos de la niñez indígena se realizaría en el marco de la política pública de pueblos indígenas, y no en la política nacional de niñez y adolescencia.
Esta decisión, cuestionada por la Defensoría por carecer de “criterios razonables ni objetivos”, constituye una “discriminación” y un incumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la OIT, según la Defensoría.
“No hay política pública sin derechos humanos, ni se puede hablar de una garantía de derechos humanos sin una debida política pública”, afirmó Cruickshank.
La Defensoría alega que, tras la presentación del recurso de amparo en julio de 2024, las autoridades informaron del inicio de la consulta en octubre del mismo año. Sin embargo, la Sala IV señaló la falta de un cronograma y un plan completo para todos los territorios, como lo exige el artículo 26 del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas.
La Defensoría ha insistido en la necesidad de un “compromiso real” del Estado con la protección de los derechos de la niñez, incluyendo la atención a la violencia escolar y la inversión en educación.
Durante su gira por territorios indígenas, la Defensoría recogió preocupaciones sobre la limitada conexión a internet, la necesidad de educación inclusiva, la recuperación de tierras, el acceso a servicios médicos con información en lengua indígena, la gestión forestal, permisos de construcción, mantenimiento de caminos, infraestructura de agua potable y la recolección de residuos sólidos.
