San José, 16 oct (elmundo.cr) – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV) avaló en el año 2006 el estatuto de personal del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Así consta en el voto 2006-17746 emitido por los magistrados, luego de una acción de inconstitucionalidad presentada por los dirigentes del Movimiento Libertario, Federico Malavassi y Peter Guevara Guth, hermano de Otto Guevara Guth.
La información la transmitió la estatal luego de que se conociera que el diputado del Movimiento Libertario presentara ante la ARESEP, una consulta sobre el Estatuto de Personal del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el cual reconoce una serie de prerrogativas a los funcionarios de esa empresa estatal así como la Convención Colectiva de CNFL, por lo que requiere que la ARESEP identifique cuáles de esas prerrogativas son indispensables para la prestación del servicio eléctrico, con el objetivo que la tarifa a los usuarios finales no cargue con costos y gastos innecesarios.
En ese mismo sentido, la Sala se pronunció sobre el tema en el 2006, cuando concluyó que el Estatuto de Personal del ICE no es inconstitucional toda vez que tiene su origen en la potestad reglamentaria, independencia funcional y autonomía administrativa que el Ordenamiento Jurídico asegura a varias instituciones públicas, entre ellas al ICE.
En su voto, la Sala explicó que aún cuando el constituyente haya pensado en un sistema estatutario único, lo cierto es que la redacción finalmente dada al artículo 191, así como el proceso de profunda descentralización que experimentó el Estado costarricense a partir de 1949, hace que en nuestros días resulte válida la existencia de diversas relaciones estatutarias en la administración”.
Asimismo, el fallo ratificó la facultad de las administraciones públicas de acordar en forma unilateral un reglamento de servicio o estatuto de trabajo.
La Sala también razonó que es constitucional la normativa estatutaria que busca preservar el poder adquisitivo de los salarios del ICE, “conforme a una adecuada y justa política salarial”.
