San José, 18 jul (elmundo.cr) – La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) debido a que se le ha negado a una persona amparada la ubicación en un albergue por tratarse de un indocumentado.
La persona afectada es un hombre sin nacionalidad determinada, sin cédula de identidad, que vive en situación de indigencia, no tiene familia y presenta un deterioro cognitivo debido a un accidente vascular cerebral e isquemia a nivel de ganglios basales que no le permite realizar actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.
Los recurrentes manifiestan que el ciudadano ha permanecido internado en el hospital San Francisco de Asís desde diciembre del 2017, situación que pone en riesgo su salud porque está expuesto a infecciones intrahospitalarias; además, esta situación atenta contra su derecho a una vida digna y de calidad.
El tribunal pudo constatar que se realizaron varios estudios para ubicar al amparado, sin embargo no existe justificación médica, legal ni constitucional para mantenerlo internado indefinidamente. Asimismo, la autoridad recurrida no puede dejar de velar por el mejoramiento de la calidad de vida del amparado por tratarse de una persona indocumentada.
Por lo anterior, la Sala por unanimidad ordenó al director del Conapdis coordinar con las autoridades respectivas y ejecutar las acciones necesarias, para que dentro de un plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la sentencia, el amparado sea ubicado en una de las opciones de convivencia y resguardo extra hospitalario que existen, según corresponda, procurando su egreso del nosocomio en el que se encuentra, a menos que una indicación médica o hecho posterior, lo contraindique.
La Sala Constitucional señaló que “Costa Rica es un Estado Social, lo que obliga a las autoridades públicas a la búsqueda del mayor bienestar de “todos los habitantes del país”, dentro de los cuales el Derecho de la Constitución señala de manera especial”.
