San José, 02 oct (elmundo.cr) – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar un recurso de amparo presentado por un ciudadano de apellidos Umaña Leal, vecino de Isla Caballo ya que dicho lugar no cuenta con agua potable.
Según contó el denunciante, los pozos que abastecían la isla en el Golfo de Nicoya están contaminados, lo que los obliga a trasladarse hasta Puntarenas u otras islas cercanas mediante pangas o botes para poder obtener agua potable, situación que genera altos costos para las familias de escasos recursos.
Tras analizar el caso, los magistrados ordenaron a la directora y jefe cantonal de la región Pacífico Central de Puntarenas, ambos del AyA; al alcalde y Presidente de Consejo Municipal de Puntarenas y a la viceministra y la directora del Área Rectora de Salud Peninsular del Ministerio de Salud, incluir en el plazo de un año a la comunidad de Isla Caballo en un proyecto de suministro de agua potable.
Por otro lado, la Sala Constitucional también ordenó que en el plazo de un mes se realicen los estudios necesarios para garantizar la calidad de agua de los pozos existentes de la isla, dar con la fuente de contaminación y eliminarla.
“La Sala comprobó la problemática que vive la comunidad de Isla Caballo, lo que evidentemente lesiona el derecho a la salud de sus ciudadanos. La omisión de las autoridades recurridas es una clara violación al derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos, el cual consiste en prestar esos servicios de una forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente”, dice la sentencia.
Asimismo, el Tribunal ha reconocido, reiteradamente, el derecho fundamental al agua potable, “en cuanto se configura como un integrante del contenido del derecho a la salud y a la vida”. “…se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos – como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar-, así como de otros derechos civiles y políticos”.
La Sala estuvo integrada por el magistrado Armijo Sancho quien presidió y los magistrados Castillo Víquez, Rueda Leal, Hernández López, Salazar Alvarado, Pacheco Salazar y Salas Torres como ponente.
