San José, 8 nov (elmundo.cr) – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia –conocida como la Sala IV– ordenó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), dotar de seguro social por el Estado a una menor de edad con problemas de depresión, ideas e intentos de suicidio.
Así consta en la sentencia 2016-16273 emitida el pasado 4 de noviembre y adoptada por unanimidad, con redacción del Magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado.
Si bien la CCSS le dijo a los padres de la menor que esta tenía que ser asegurada por el Seguro de Trabajador Independiente que tiene uno de esos dos progenitores, actualmente quien lo posee se encuentra moroso con el pago de sus cuotas, por lo que de asistir a los centros médicos de la Caja para obtener ayuda médica, le serían cobrados íntegramente los costos de la atención y tratamiento.
“En este caso particular, existían elementos que permitían acreditar un riesgo inminente a la salud e incluso a la vida de la persona amparada, a quien sus padres, en reiteradas oportunidades, no han trasladado para recibir atención médica, por temor al cobro de los servicios y tratamiento”, dijo la oficina de prensa de la Sala Constitucional.
Ante ello, los Magistrados ordenaron acatar de inmediato la recomendación de la Orientadora del Centro Educativo al que asiste la menor y, además, reiterada por el Patronato Nacional de la Infancia, en el sentido de brindar un seguro por cuenta del Estado, durante el proceso de intervención respecto de la situación detectada en su núcleo familiar.
La sentencia fue adoptada por los magistrados Ernesto Jinesta Lobo (Presidente), Fernando Cruz Castro, Fernando Castillo Víquez, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fernando Salazar Alvarado, como ponente, y José Paulino Hernández Gutiérrez.
El fallo ordena a Edgar Rodríguez Rojas, en su condición de Director General del Área de Salud Alajuela Oeste, otorgarle a la menor de edad un seguro provisional por cuenta del Estado, hasta que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) designe la necesidad de ese beneficio.
Asimismo se ordenó a Francisco Pérez Gutiérrez, en su condición de Director General, a Rodrigo Quesada Silva, en su condición de Jefe del Servicio de Psiquiatría y a Lizeth Padilla Garro, en su condición de Jefe del Servicio de Farmacia, todos del Hospital San Rafael de Alajuela, que de inmediato se valore a la amparada en el Servicio de Psiquiatría y se le brinde el tratamiento requerido para su padecimiento y, finalmente; a las autoridades de la CCSS abstenerse de incurrir, nuevamente, en la conducta que sirvió de fundamento a la declaratoria con lugar del recurso de amparo.
La Sala advirtió a las autoridades denunciadas que se les impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, si recibe una orden de la Sala Constitucional y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Los Magistrados condenaron a la Caja Costarricense de Seguro Social y al Patronato Nacional de la Infancia al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en el Tribunal Contencioso Administrativo.
