San José, 9 abr (elmundo.cr)- La Sala Constitucional ordenó a las autoridades penitenciarias del CAI, que den atención médica al privado de libertad, Andrés Steven Montero Valverde.
Esta persona había presentado un recurso de amparo alegando que luego de que dos compañeros se enfermaran de tuberculosis, él también comenzó a sentirse mal, por lo que fue llevado a la clínica del CAI, donde se le indicó que sus síntomas corresponden a un posible caso por COVID-19.
Montero Valverde alega que pese a lo anterior, la policía penitenciaria hace caso omiso a las atenciones médicas que le brindaron. Además, ignoran otros posibles casos, pues temen que salga a la luz pública el contagio.
Afirmó que le preocupa el contagio del virus masivo y hacia sus compañeros y pidió que se le otorgue la atención médica oportuna.
El Tribunal ordenó a las autoridades recurridas, adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que este hombre reciba la atención médica que requiere para tratar adecuadamente su padecimiento, según las indicaciones de su médico tratante, ya sea en el propio centro de atención institucional donde se encuentra ubicado, o en un centro hospitalario, bajo la responsabilidad de las autoridades competentes de garantizar la seguridad institucional y la no evasión del amparado, hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa.
Fue designado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, como instructor del caso.
