San José, 12 oct (elmundo.cr) – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estudia dos recursos de amparo interpuestos contra el Decreto Ejecutivo que declaró como “secreto de Estado”, doce informes del embajador de Costa Rica en Brasil, sobre los hechos en ese país antes, durante y después del impeachment a Dilma Rousseff.
Dichos informes fueron los que usó Casa Presidencial para decidir retirarse de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el pasado 20 de setiembre, cuando se anunció que el siguiente orador era el Presidente de Brasil, Michel Temer.
El desplante y el mal manejo de lo ocurrido en Nueva York ocasionó que los diputados llamaran a comparecer al Canciller Manuel González.
En esa audiencia, el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Rolando González le solicitó al jerarca los informes del embajador de Costa Rica en Brasil, Jairo Gabel Bermúdez envió a la Cancillería sobre la situación en la Nación sudamericana
El Canciller no accedió a entregar los informes de inmediato, pues afirmó que debía estudiar que los mismos no comprometieran las relaciones bilaterales entre Costa Rica y Brasil.
Fue el 5 de octubre que el Ministerio de Relaciones Exteriores le remitió al diputado liberacionista una serie de notas de prensa y se reservó 12 documentos. El comunicado de prensa que envió ese día la Cancillería no anunció que dos días atrás, el 3 de octubre, el Presidente Luis Guillermo Solís y el Canciller Manuel González habían firmado un decreto en el que declaraban “secreto de Estado” esos 12 informes.
Sin embargo, el decreto fue publicado hasta este martes 11 de octubre y de acuerdo con el mismo, su vigencia es a partir de que fuera publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
El abogado Yashin Castrillo y el propio diputado Rolando González presentaron recursos de amparo contra ese decreto.
EL MUNDO solo pudo accesar al documento de interposición del amparo presentado por el legislador. En un comunicado de prensa, enviado posterior a su reacción en el Plenario legislativo, el diputado arremetió contra lo que llamó una contradicción en materia de transparencia por parte de Casa Presidencial.
“Hoy el Canciller de la República nos dice mediante un Decreto Ejecutivo que los informes de nuestra diplomacia en Brasil son inaccesibles hasta que ellos decidan lo contrario. Quiero decirle al Canciller Manuel González, al Ministro de la incomunicación (sic.) Mauricio Herrera y al Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que aquí incurren en errores de constitucionalidad y utilizan un reglamento autónomo para regular el Secreto de Estado que es reserva de Ley”, manifestó el legislador.
Las resoluciones que emita la Sala Constitucional sin duda sentarán jurisprudencia importante en materia de acceso a información pública.
En la actualidad no existe una Ley que regule el Secreto de Estado, por lo que esto ha sido aprovechado por varios Gobiernos para declarar de esa forma múltiples temas, por mera ocurrencia.
De este modo, lo que digan los magistrados, a falta de la Ley que lo regule, será determinante para eventuales casos como estos.
Sin embargo, los magistrados se enfrentan a dos aspectos, especialmente en el recurso de amparo del diputado Rolando González. La solicitud de los informes la hizo de forma verbal al Ministro de Relaciones Exteriores y antes de que entrara a regir el decreto que declaraba como “secreto de Estado” esos informes.
De ello se concluye que cuando el legislador lo solicitó, estos eran información pública. Los magistrados tendrán que determinar si a pesar de ese decreto, los documentos deberán entregársele al legislador o bien, rechaza de plano el recurso pues este no presentó la solicitud por escrito ante la Cancillería.
