San José, 18 no (elmundo.cr) – La Sala Constitucional ha rechazado un recurso de Amparo dirigido contra la propuesta presentada por el Instituto Nacional de Seguros (INS) en relación con el plan de marchamo digital.
La decisión, emitida a través de la resolución 2023-029772 con fecha del 17 de noviembre, destaca que los magistrados consideran que los reclamos presentados se basan en situaciones hipotéticas que no constituyen una amenaza cierta, actual e inminente contra derechos fundamentales.
En el contexto de esta iniciativa, el INS llevó a cabo una licitación el 9 de junio por un monto de hasta ₡4.301.600.000 para la adquisición de etiquetas de tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia). Estas etiquetas almacenan información y emiten radiofrecuencias.
El Tribunal Constitucional resolvió el expediente 23-015121-0007-CO, que se presentó contra la adquisición de etiquetas RFID, equipos y servicios para el marchamo digital en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
El recurrente argumentó que estas etiquetas podrían facilitar el rastreo y monitoreo de personas, lo que afectaría la protección de datos. Sin embargo, según la Sala Constitucional, la resolución del recurso se basó en un criterio elaborado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), así como en informes técnicos proporcionados por el Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los magistrados, por unanimidad, afirmaron que los informes técnicos desvirtuaron los argumentos del recurrente. En cuanto al rastreo y monitoreo de personas, se estableció que las etiquetas RFID son pasivas y no permiten rastrear la trayectoria de un vehículo ni determinar su posición en un conjunto de lecturas sucesivas. Además, carecen de un sistema de referencia de posición global.
En relación con la información contenida en las etiquetas RFID, se señaló que sería la misma que la del marchamo físico actual. Además, el acceso a la información requeriría un dispositivo especial homologado por Sutel, lo que garantizaría la protección contra el uso no autorizado.
La integración del Tribunal Constitucional estuvo a cargo de Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal (instructor), Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Varga e Ingrid Hess Herrera.
