San José, 7 feb (elmundo.cr) – Los magistrados de la Sala Constitucional declararon con lugar un recurso de amparo interpuesto por la diputada liberacionista María José Corrales contra la viceministra de Gestión Ambiental del Minae, Celeste López, por no presentar un estudio de impacto ambiental sobre la situación de Crucitas, solicitado desde junio del año anterior.
Así lo establece la resolución n. 2019001778, la cual determina que la viceministra cuenta con 10 días hábiles, a partir de la notificación de la sentencia, para que entregue a la congresista el estudio solicitado.
Corrales señaló que “me ha correspondido luchar contra información inexacta, incorrecta, extraoficial, con declaraciones contradictorias de los propios jerarcas del Ministerio de Ambiente y Energía, contra ataques sin fundamento y contra mentiras que han dificultado tener los datos correctos que nos permitan conocer el verdadero impacto de lo que ocurre en Crucitas con la extracción de oro ilegal y además aportar a las soluciones que se requieren pero teniendo a mano información fidedigna”.
“Con esta sentencia, apelamos a la transparencia que debe tener el Gobierno para afrontar el grave daño ambiental que hoy día se vive en la zona”, agregó la diputada.
El recurso fue presentado el 20 de diciembre del año anterior y responde a una serie de acciones infructuosas para tener acceso a un estudio de impacto ambiental en las zonas donde se presenta extracción ilegal de oro y donde se utilizan sustancias como el mercurio, que tiene graves repercusiones sobre la salud y el ambiente.
La primera vez que la congresista le solicitó a la jerarca el informe fue en una audiencia en la Comisión Permanente de Asuntos Internacionales el 28 de junio anterior. Posteriormente, se le volvió a solicitar la información, el 31 de julio, mediante el oficio FPLN-MJCCH -0072-2018.
Y la tercera petitoria, se realizó el 10 de diciembre mediante un nuevo oficio, el FPLN-MJCCH-0151-2018.
Corrales llamó la atención además por el incumplimiento del gobierno sobre la presentación de un plan de viabilidad ambiental para Crucitas, según lo anunció la viceministra López en una audiencia en la Comisión de Ambiente del 10 de enero anterior.
Incluso, la misma sentencia de la Sala Constitucional hace referencia al oficio DVGA-081-2018 del 20 de diciembre del 2018, donde las autoridades del Minae aseguraron que para enero de este año se contaría con un informe integral sobre el impacto de la actividad minera en la zona, que aún no se ha presentado.
Días atrás, la legisladora sugirió la separación del cargo del ministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez al comprobar la falta de rigor técnico al desconocer un informe de la Dirección de Geología y Minas del Minae sobre el impacto económico de la extracción de oro y la solicitud de colaboración a un consultor independiente para que realizara un estudio anexo, que carece de oficialidad.
De momento, se está a la espera de una fecha para que los jerarcas de los Ministerios de Ambiente y de Seguridad, así como de la Dirección de Migración y Extranjería, del anterior y actual gobierno comparezcan ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, para que rindan cuentas sobre las acciones de contención y control efectuadas en Crucitas, moción presentada por la diputada Corrales.
