San José, 14 nov (elmundo.cr) – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (conocida popularmente como la Sala IV) se vería obligada a entrar en cierre técnico a partir del 16 de diciembre, porque los diputados de la Asamblea Legislativa no han hecho los nombramientos de magistrados suplentes y una vacante propietaria.
Así lo advirtieron los magistrados Ernesto Jinesta, presidente de la Sala; Fernando Cruz, Fernando Castillo, Paul Rueda, Nancy Hernández y Luis Fernando Salazar, mediante el oficio PSC-155-2017 del pasado 7 de noviembre y recibido al día siguiente por el presidente del Congreso, Gonzalo Ramírez Zamora.
En el oficio, los jueces constitucionales hacen ver a la Asamblea Legislativa las consecuencias negativas que tendría para el país un cese de operaciones de la Sala IV, pues el 16 de diciembre vence el nombramiento de los magistrados suplentes que se efectuó en el año 2013.
“En la actualidad la Sala Constitucional, adicionalmente, tiene una plaza vacante por el retiro del Magistrado Armijo, la que ya tiene más de dos años de existencia y es cubierta por un suplente. En otras palabras, en este momento y desde hace más de dos años, solo hay seis Magistrados propietarios”, señala la nota.
Los Magistrados recordaron al Congreso que la Convención Americana sobre Derechos Humanos le impone a los miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos la obligación de mantener, siempre a disposición de los ciudadanos, tanto los recursos de habeas corpus como de amparo, para la protección judicial efectiva de los derechos fundamentales y los humanos contenidos en las diversas convenciones.
Además, los artículos 10 y 48 de la Constitución Política de Costa Rica establecen que siempre habrá en funcionamiento una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia, sin solución de continuidad, para conocer de las cuestiones de constitucionalidad y de los procesos de hábeas corpus y de amparo.
“La cesación de funciones de la Sala Constitucional, por falta de designación de los Magistrados suplentes, podría implicar que el Estado costarricense incurra en un grave incumplimiento de obligaciones internacionales y, por ende, en responsabilidades ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos y otras instancias internacionales, así como, a lo interno, un estado de cosas contrario al Derecho de la Constitución”, manifestaron los magistrados.
La Corte señaló a la prensa que si para el 16 de diciembre no han sido nombrados los magistrados suplentes de la Sala IV, el órgano entrará en un cierre técnico que impedirá a las personas presentar recursos de amparo en materias tan sensibles como el derecho a la salud, de educación, vivienda o de protección de derechos esenciales como el medioambiente, de los consumidores, de las personas con discapacidad, de los indígenas, personas menores de edad, adultos mayores y demás grupos vulnerables.
Asimismo, la población se vería imposibilitada de presentar recursos de habeas corpus para la protección de la libertad personal por privaciones ilegítimas de libertad en procesos penales, apremios irregulares en materia de obligaciones alimentarias o restricciones a la libertad de tránsito.
