San José, 18 ago (elmundo.cr) – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (conocida como la Sala IV) acogió el recurso de amparo que presentó un grupo de diputados, contra el subsidio oculto en los combustibles, que beneficia a decenas de empresas privadas.
La Sala notificó ayer a los legisladores que el recurso fue acogido para estudio, y dio tres días al Presidente de la República, Luis Guillermo Solís; Presidenta Ejecutiva de RECOPE, Sara Salazar; al Ministro de Ambiente y Energía, Édgar Gutierrez; viceministra de Ambiente, Irene Cañas y el Regulador General de ARESEP, Roberto Jiménez, para que se pronuncien sobre los alegatos de los 39 diputados.
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Los legisladores afirman que el subsidio que eleva en 9 colones el precio de los combustibles, para bajar el precio del gas, búnker, asfalto y emulsión asfáltica, violenta el artículo 45, 46 y 121 de la Constitución Política, en lesión del principio de reserva de Ley, y en perjuicio de los consumidores de combustibles.
Esto por cuanto el Poder Ejecutivo emitió un decreto en el que establece el subsidio, en favor de empresas privadas, pese que la Ley vigente dicta que para aplicar nuevos subsidios solo puede hacerse mediante una Ley de la República, aprobada por la Asamblea Legislativa.
ADVERTENCIA. La Cámara de Industrias de Costa Rica afirmó hoy que dejar sin efecto el decreto presidencial que estableció el subsidio, afectaría el empleo.
“Ese decreto presidencial, había evitado por ende el aumento desproporcionado en el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), de un 72%, y el búnker, de un 35%, que son de los principales insumos para el sector industrial”, dijo la CICR en su comunicado de prensa.
Enrique Egloff, Presidente de la CICR manifestó en el pronunciamiento que es importante que los Diputados conozcan las implicaciones de su acción, porque con ella se afecta directamente el empleo de los costarricenses
“Al dejar de ser competitiva la industria nacional, muchas empresas grandes, medianas, pero principalmente pequeñas desaparecerán, no solo dejando sin empleo a muchos costarricenses; sino que las mismas dejarán de consumir combustibles suministrados por RECOPE y también electricidad por el ICE”, dijo Egloff.
La CICR dijo que dejar sin validez dicho decreto afectaría a las empresas costarricenses que usan búnker en sus procesos productivos, pues el producto subiría un 35%. Asimismo, representaría un golpe más a la construcción y mantenimiento de carreteras, pues al eliminar el decreto, tendrían un aumento de un 28% en el asfalto.
“Si en siete años no hemos podido resolver el problema del puente de la platina, ni construir la obra pública necesaria para desahogar el grave problema de la congestión vial que nos agobia en Costa Rica y si los asfaltos suben en un 28,18%, simple y sencillamente la ya de por si escasa obra pública será aún menor, por lo que lejos de resolver un problema estamos haciendo más grave otro. Peores y menos carreteras, redundan en transporte más caro, sin importar el precio de las gasolinas y el diesel”, enfatizó Egloff.
RESPONDE. Luis Vásquez, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y quien encabeza los intentos por traerse abajo el subsidio en cuestión, dijo que prefirieron presentar un recurso de amparo, en lugar de una acción de inconstitucionalidad, tras valorar que se violentaron algunos derechos de los costarricenses.
Además, un recurso de amparo se tramita con mucha mayor velocidad que una acción de inconstitucionalidad, la cual tarda inclusive años en resolverse.
Con respecto a los señalamientos hechos por la Cámara de Industrias de Costa Rica, el legislador recordó que Costa Rica es un país en el que se respetan las leyes y los procesos, y que se daría una mala imagen al salir a la luz que se usaron tácticas ilegales para crear un subsidio que beneficia a más de 90 empresas, la mayoría de ellas privadas.
