San José, 24 feb (elmundo.cr) – La diputada de Liberación Nacional, Rosaura Méndez, trabaja en conjunto con federaciones deportivas y policía de tránsito para modificar la Ley para regular los eventos deportivos en vías públicas terrestres, misma que fue reglamentada por el Ejecutivo en agosto del año anterior.
Según la legisladora, esta ley no cumple el objetivo por la cual fue aprobada, que es promover y desarrollar eventos deportivos
en vías públicas que promuevan el desarrollo físico, intelectual y socio afectivo de las personas, así como para garantizar el acceso universal al deporte en todo el territorio nacional.
“Es sorprendente que una normativa tan reciente haber entrado en vigencia tenga tantas inconsistencias, como indicar que los eventos deportivos en vía pública se le dará una declaratoria de interés público, pero inmediatamente en el mismo reglamento a la ley 9220 que entró en vigencia hace pocos meses, se solicita una escandalosa cantidad de requisitos, lo que hace más complejo organizar una
competencia deportiva que realizar un evento de concentración masiva en este país”, afirmó Méndez.
La diputada cuestionó que “además de toda esta burocracia en la tramitología que está bajo la rectoría del Ministerio de Salud, debemos sumar la carencia de una metodología que brinde seguridad jurídica de las tarifas que se establecieron en el reglamento, donde nada más se indica que cada kilómetro de distancia de la competencia tiene un valor de ¢111.315,20y después de los 25 kilómetros se le suman ¢31.095,64 colones adicionales, sin considerar la cantidad de oficiales que van estar presentes en la competencia ni la cantidad de horas de un evento, lo cual deja muchas dudas acerca de cómo se estableció esta tarifa, la cual para competencias de poca participación como las que se generan fuera de la GAM pareciera más bien un cobro confiscatorio para los organizadores”.
“Por este motivo, nos comprometimos con todos los actores involucrados y buscando el apoyo del Instituto Costarricense del Deporte (Icoder) y del Ministerio del Deporte (Midepor) a generar las reformas a la ley que brinde seguridad jurídica al país, y que además permita adaptar la normativa a la realidad que viven día a día las organizaciones deportivas en el país, donde el Estado sea realmente un facilitador para la promoción del deporte y no lo contrario”, concluyó.
