Román Solís: La Sala debió decirle a la Fiscala subrogante que el informe de llamadas carecía de fundamentación

» Fiscalía abrió causa judicial contra magistrada Arias

Román Solís, Magistrado del Poder Judicial. Foto: Luis Madrigal / El Mundo CR
Román Solís, Magistrado del Poder Judicial. Foto: Luis Madrigal / El Mundo CR

San José, 20 jul (elmundo.cr)- En un informe realizado por el Magistrado de la Sala Primera, Román Solís Zelaya,  indicó que los magistrados investigados cometieron una falta grave e injustificada.

Solís, desmontó la mayoría de las explicaciones de sus compañeros, asimismo, afirmó: “pudieron devolver el expediente a la Fiscalía General en virtud de algunas falencias. Sin embargo, no lo hicieron y dieron paso a la comisión de yerros injustificables”.

El magistrado explicó: “Lo que la Sala debía decirle a la Fiscala subrogante, luego de analizado el informe de llamadas, era que el requerimiento carecía de la fundamentación suficiente por ser incompleta e imprecisa. En otras oportunidades, la Sala Tercera ha tenido la oportunidad de devolver causas al Ministerio Público en casos de solicitudes de desestimación en procedimientos para juzgar a los miembros de los supremos poderes, por lo que parece ilógico el comentario de que la inconformidad es improcedente”.

Sin embargo por medio de un comunicado, las magistradas Doris Arias y María Elena Gómez, se desligaron de cualquier anomalía o irregularidad, mencionando: “una vez más, y lo hacemos públicamente, ratificamos, confirmamos y aseguramos que la decisión nuestra sobre el expediente en cuestión está debidamente fundamentada. Con base en la información recibida en el expediente en ese momento, la cual se puede verificar, se procedió a resolver. La desestimación se decretó por atipicidad, es decir, que los hechos que se investigaron no son delito y a esa conclusión se llegó con una valoración legal”.

Desde el día de ayer la Fiscalía General de la República indicó que abrirá una causa judicial contra la presidenta de la Sala Tercera, Doris Arias, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricato.

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