San José, 3 oct (elmundo.cr) – De esta manera reaccionó el ingeniero Rolando Araya, uno de los notables del gobierno de Carlos Alvarado, ante el informe de la Corte Plena sobre el plan fiscal.
La Corte Plena emitió un criterio sobre este proyecto que señala que afecta al Poder Judicial, incidiendo en su organización y funcionamiento.
Según el artículo 167 de la Constitución Política si un proyecto afecta la organización o funcionamiento del Poder Judicial necesita del voto de 38 diputados para ser aprobado.
Ante esto Araya explicó que “en las postrimerías del gobierno de Abel Pacheco a punto de entrar Oscar Arias, se pusieron de acuerdo los sindicatos, los empresarios y los diputados y aprobaron un plan fiscal, fue votado por 42 votos y la Sala Constitucional lo echó atrás partiendo pelos en el aire, porque no le habían dado la palabra a un diputado para defender una moción y que eso había limitado, o sea eso es un argumento absolutamente inaceptable”.
Para Araya “la Sala IV con una prepotencia con la que se ha manejado, ha instaurado una dictadura judicial en este país”.
Araya comentó que, durante el gobierno de Laura Chinchilla, mediante un nuevo acuerdo político, se aprueba un nuevo proyecto fiscal y la Sala Constitucional también lo frenó.
“Yo pienso que, si ahora vuelve a intentar hacerlo, están exhibidos ante el país de que lo están haciendo, por defender sus privilegios y eso plantearía un conflicto de intereses de grandes proporciones en este país”, agregó.
Según Araya “aquí hay que plantear el conflicto de poderes y decir quién manda en este país si un tribunal que está fallando por interés propio, que ahora hay nueve magistrados acusados por subirse el sueldo”.
Araya calificó de inmoralidad la actuación de la Sala Constitucional al plantear traerse abajo el plan fiscal, pues según el notable los magistrados se están oponiendo porque les afecta el salario.
