San José, 4 ago (elmundo.cr) – En respuesta a la creciente problemática de los préstamos “gota a gota” y la extorsión asociada a ellos, la diputada de la Fracción Unidad Social Cristiana, Daniela Rojas, presentó un proyecto ante la corriente legislativa.
El proyecto “Ley para interceptar las comunicaciones en el delito de extorsión”, se encuentra bajo el expediente número 23.858.
La iniciativa crea el tipo penal de “extorsión agravada” y lo incluye en el artículo 9 de la Ley de Registro, Examen y Secuestro de Documentos Privados e Intervención de las comunicaciones, a efectos de que las autoridades judiciales tengan mejores herramientas para la investigación y persecución penal de estas lamentables prácticas.
De esta manera, los tribunales de justicia podrán autorizar la intervención de comunicaciones orales, escritas o de otro tipo, incluso las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas y digitales, cuando involucre el esclarecimiento de delitos de extorsión agravada a un deudor.
Las penas fijadas serían las siguientes: por extorsión agravada, se impondrá prisión de cinco a diez años, si la lesión fuere gravísima; de cuatro a seis años si fuere grave; y de nueve meses a un año, si fuere leve.
La diputada señaló que “ante la problemática que vive el país hoy en día con los llamados préstamos gota a gota, el día de hoy he presentado un proyecto de ley ante la corriente legislativa”.
“Lo que busca es que el organismo de investigación judicial (OIJ), pueda hacer intervenciones telefónicas a las personas que están extorsionando a los ciudadanos que tuvieron que acceder a este tipo de préstamos”, destacó.
Además, sostuvo que “el proyecto de ley prevé convertir la extorsión por deudas en un delito, algo que actualmente no existe en nuestro código penal”.
“De aprobarse la iniciativa, se podrían realizar intervenciones telefónicas, digitales o de otro tipo y con esto darle mayor seguridad a cientos de familia”, agregó.
“Debemos poner un alto a las bandas de extorsionadores que hay en el país y que se están aprovechando de los costarricenses. No puede ser posible que los casos por estos delitos sigan aumentando, y las autoridades no tengan herramientas para poder combatir esta problemática”, concluyó la legisladora.
