San José, 20 jul (elmundo.cr) – Con el objetivo de acelerar una reforma tributaria en Costa Rica, el exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias considera necesario un referéndum que decida sobre la posibilidad de poner fin a “la anarquía existente en materia de remuneración del empleo público, a salarios con pluses, anualidades, beneficios convencionales, exclusividades, entre otras cosas que, en muchos casos, duplican, triplican y hasta cuadruplican el que recibe, por un trabajo similar, un trabajador en el sector privado”, que a pesar de su resultado comprometa al Directorio Legislativo a aprobar la reforma fiscal que necesita el país.
Para el exministro de la presidencia la situación que enfrenta el gobierno actual de Luis Guillermo Solís en temas fiscales es “precaria”, pues se espera que para este año el déficit fiscal será de aproximadamente del 6% del Producto Interno Bruto (PIB), con una deuda pública del Gobierno Central cercana al 43% del PIB y una deuda total del sector público de alrededor del 60% de este.
Para Arias los proyectos de ley para combatir el contrabando y el fraude fiscal enviados al congreso legislativo no son suficientes para abocar el déficit fiscal.
“Para enfrentar el problema, son urgentes recursos frescos que deben provenir de dos nuevos proyectos: la reforma al impuesto sobre la renta y una nueva legislación del IVA. Sabe el Gobierno que estos nuevos ingresos no serán aprobados en la Asamblea Legislativa si antes no da señales claras de que va a atacar, de manera definitiva, el inflexible crecimiento del gasto público. Y, para ello, no son suficientes los recortes menores en los presupuestos públicos”, expresó el exministro.
Entre otras cosas el hermano del expresidente de la república, Oscar Arias, cree que se debe atacar el problema desde la raíz con la promulgación de una nueva Ley General de Empleo Público que respetando derechos adquiridos establezca para el futuro salarios nominales para todos los servicios públicos con base en el principio general de salarios iguales para trabajos iguales en todo el sector público.
De no ser así Arias asegura que el gobierno es consciente de las consecuencias negativas que ello implica en materia de costo de la deuda, de la atracción de inversiones y de la generación de empleo.
Sin embargo asegura que la decisión de aprobar este tipo de proyecto no es fácil por lo que Costa Rica podría caer en una situación similar a la que vivió en el 2007 con el Tratado de Libre Comercio (TLC), en la que aún sabiendo que “era necesario para el país” existieron muchos grupos de oposición a este acuerdo, situación que se repetiría de concretarse esta reforma, pues sindicatos como Patria Justa, o agrupaciones como el Frente Amplio e inclusive algunos militantes del partido oficialista, Acción Ciudadana ya han manifestado su oposición a esta iniciativa.
