San José, 10 jun (elmundo.cr) – Tras la reunión de jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, se refirió a la ruta que tomará sobre la posible sanción que tendría el diputado de Liberación Nacional, Gilberth Jiménez, esto por hechos ocurridos en su etapa de alcalde de Desamparados.
Al no tener claro el proceso a seguir, Arias optó por buscar asesoramiento del proceso con la Procuraduría General de la República (PGR).
“Me corresponde a mí, como jerarca del Congreso, definir el procedimiento por seguir”, indicó el legislador, a lo que también agregó que una de las posibilidades es aplicar el proceso establecido en el Reglamento cuando hay acusaciones contra miembros de supremos poderes.
“Estamos analizando las opciones legales. Una de ellas es hacer una consulta a la Procuraduría General de la República. Hoy vamos a definir el tema para tener bien claro el procedimiento”, respondió el congresista.
Actualmente la Asamblea Legislativa no cuenta con una ley que sirva de marco para sancionar a los diputados en los momentos en que se requiera, principalmente, por violaciones al deber de probidad como parte de su función de legisladores.
La Contraloría solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aplicar la suspensión del legislador del PLN, pero este órgano se declaró sin autoridad para ejercer ese castigo, ya que si el TSE sanciona a Jiménez estaría cometiendo una ilegítima violación a la separación de poderes y consideraron que es la propia Asamblea Legislativa la que tiene que ejecutar la suspensión de 25 días.
Ante lo anterior, el Tribunal remitió su criterio al Congreso, junto con la solicitud de sanción a Jiménez entrando con el número de expediente 23.160.
Todo se originó porque un vecino de Desamparados denunció que al parecer el entonces alcalde permitió una construcción sin los permisos requeridos. Según el denunciante la acción fue anómala, ya que se le ordenó demoler las obras, supuestamente no autorizadas.
Por insistencia del denunciante se ordenó una nueva investigación a lo interno, donde se mostró que los funcionarios del municipio realizaron bien sus funciones; y tras una nueva investigación, el resultado fue el mismo.
