San José, 03 mar (elmundo.cr) – La diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, criticó el informe de mayoría de la Comisión Especial Investigadora de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Esto porque no sienta responsabilidades del Gobierno en el caso Barrenador, la implementación del sistema ERP o las listas de espera.
Alfaro aseguró que “claramente es el informe de la impunidad, en donde parece que la Caja Costarricense del Seguro Social está perfectamente bien, en donde no se señala absolutamente ninguna responsabilidad ni administrativa, ni política, ni económica, ni mucho menos penal, de la situación de deterioro sistemático que está sufriendo la Caja, y por lo tanto también de deterioro de la calidad de vida de los costarricenses, en donde no se menciona un solo nombre”.
“No solo todo aparentemente está bien y seguramente toda la población se lo ha inventado y está en su cabeza los problemas, sino que además no hay ninguna responsabilidad. Todos y todas han hecho bien su trabajo aparentemente y las responsabilidades, como se acostumbra, se le endilgan que a un trabajador técnico, al que tampoco se denuncia, que a unos sindicatos por defender los derechos laborales, porque parece que eso ya es prohibido en nuestro país, se ha querido hasta endilgar las responsabilidades a las universidades y hasta a los mismos y las mismas aseguradas”, lamentó.
La frenteamplista insistió en que “el asunto es que hay un informe que no señala absolutamente nada, a pesar de que fueron sesiones intensas en donde revisamos actas, estudios técnicos, audiencias, donde se investigó, nada de esto pasa el filtro del informe de la impunidad, el informe que desgraciadamente tuvo mayoría, pero que no va a ser el único que se discuta. El otro informe tiene conclusiones muy claras”.
“Durante este gobierno, más que en ningún otro, no como fenómeno exclusivo, pero más que en ningún otro, ha habido una intervención absolutamente inaceptable de la política contra las decisiones técnicas. Ha habido un debilitamiento absoluto del control interno que debe prevalecer en la administración pública. Ha habido un desplazamiento de los criterios especializados para tomar criterios a dedo de conveniencias políticas y de trajes hechos a la medida”, sostuvo.
Alfaro recalcó que “una excesiva concentración del poder que ha llevado incluso a la práctica de quitar de sus puestos a personas que tienen el aval de la legalidad con tal de poner a personas que incluso, a menudo, ni siquiera tienen los requisitos más básicos para ocupar esos puestos. Una absoluta inestabilidad en la conducción institucional. Imagínense ustedes que por la junta directiva en lo que va de este gobierno, más de 40 personas han variado el nombramiento. Nombramientos a dedo”.
“Actuaciones que erosionaron la autonomía constitucional de la Caja. Afectación de proyectos estratégicos para garantizar la salud de los costarricenses en toda la geografía nacional. La principal advertencia del informe, la seguridad social, la salud de las y los costarricenses no debe administrarse bajo presiones políticas, ni decisiones coyunturales como lo han venido haciendo. La autonomía es la garantía constitucional para la ciudadanía, no es un privilegio burocrático”, manifestó.
“Y aquí lo que tenemos es un desperdicio a manos llenas de los recursos que deberían de estar mejorando la salud de los costarricenses. Una falta absoluta de decisiones ejecutivas aún teniendo la información necesaria para tomar esas decisiones. Tratando de crear cortinas de humo para responsabilizar a todos menos a quien tiene realmente las responsabilidades. Espero que ese debate sea de fondo”, concluyó.
