San José, 26 sep (elmundo.cr) – La diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, comparó el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) con el crimen organizado.
Esto con relación a la investigación que realiza la Fiscalía por un presunto sobreprecio millonario en la adjudicación de contratos a cooperativas para la operación de Ebais.
Alfaro explicó que “cuando se investiga crimen organizado hay un factor que se considera y es el de identificar patrones delictivos. Eso es lo que lo hace que no sea un delito aislado”.
“Hay un patrón de comportamiento, una forma de proceder que se repite y eso denota toda la organización, todos los actores que intervienen y entonces así se puede identificar que estamos frente a crimen organizado”, agregó.
La diputada señaló que “en muchos actos de corrupción efectivamente lo que está atrás son organizaciones de crimen organizado y yo quiero comparar algo que me parece a mí evidente al respecto de lo que está pasando en la Caja, pero también al respecto de lo que está pasando en el INA”.
“En la Caja quisieron modificar de forma arbitraria y legal la composición de la Junta Directiva, armarla a su gusto. Por ejemplo, la representante de los trabajadores fue sustituida por un expeón de doña Marta para que le hiciera caso a ella, para que le siguiera haciendo caso”, aseguró.
Según la frenteamplista “en el INA han metido mano y han estado alterando también la composición de la Junta Directiva del INA. Por ejemplo, despidieron, quitaron a su presidente Juan Alfaro por el lento avance en la meta del bilingüismo”.
“Cosa curiosa porque a la ministra de Educación, teniendo un voto de censura y donde nuestros estudiantes en tercer grado de escuela no saben leer ni escribir en español, no pasa nada, nadie la destituye. Lo destituyeron por eso, podíamos haberlo destituido por otras cosas de hecho, pero lo destituyen por eso”, criticó.
Para Alfaro, detrás de la destitución del expresidente del INA, Juan Alfaro, está un negocio para beneficiar a las plataformas privadas que dan clases de inglés, lo que asegura “desangra” el presupuesto de la institución, en 3.700 millones colones aproximadamente.
De igual forma, la legisladora recalca que existe un patrón común de “amedrentar” y “amenazar” a los miembros de la Junta Directiva tanto de la CCSS como del INA.
“¿Qué es lo que estoy viendo yo aquí? ¿Qué paralelismo estoy viendo aquí? Pues precisamente que la política de desmantelar nuestras instituciones es porque esas instituciones son un buen negocio, son un buen negocio para el país, pero son un buen negocio cuando se administran mal para que algunos utilicen la plata de todos los y las costarricenses para hacer clavos de oro”, aseguró.
