San José, 12 ago (elmundo.cr) – Problemas en los carteles de licitación que abren portillos para que ocurran rezagos y se encarezcan obras viales, hallazgos de inconsistencias recurrentes en los informes del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), debilidades en la administración y fiscalización de proyectos, son algunas de las piezas caídas en el tablero de ajedrez que tiene en jaque al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Para ganar la partida, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, primero debe hacer valer su promesa de cerrar la entidad y a todas sus “hermanitas perversas”, sin embargo, desde aquel anuncio en campaña, ya han transcurrido casi cuatro años, y el futuro es incierto en cuanto a una solución que ponga fin a todos los problemas de infraestructura vial.
Incluso, en marzo del año pasado, la Administración Solís Rivera le dio vuelta a la estrategia y presentó un proyecto de ley ante la corriente legislativa, para cambiar el nombre de la institución que pasaría a llamarse Instituto Nacional de Infraestructura Vial (INI). No obstante, el planteamiento también quedó consumido en el Primer Poder de la República.
Desde su creación, el 29 de mayo de 1998, se definieron las funciones del Conavi, mismas que hoy son blanco de crítica por parte de varios sectores del país. Tal es el caso del Coordinador del Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA) del Lanamme, Luis Guillermo Loría, quien dejó entrever que existe una mala relación con la institución.
LEA TAMBIÉN ENTREVISTA CON COORDINADOR DE PITRA DEL LANAMME.
Para el funcionario del Lanamme, el Conavi tiene “muy entronizado” el poder de mando, de hecho asegura que le han enviado sugerencias técnicas para mejorar situaciones, pero prefiere hacer caso omiso con tal de no dar el brazo a torcer.
Lo anterior ocurre pese a que el Lanamme es uno de los tres laboratorios más equipados en pavimentos del planeta, siendo una opción que le facilitaría a la institución pública temas técnicos para disminuir los esfuerzos a la hora de buscar soluciones.
“Pero muchas veces simplemente no lo hacen y nosotros nos hemos acercado por todos los medios, le puedo decir que tengo oficios, por lo menos desde que regresé del doctorado en el 2010, acercándonos, llamando a ministros, viceministros, directores ejecutivos, ofreciéndoles capacitaciones gratuitas”, sostuvo.
El Laboratorio de la Universidad de Costa Rica ofrece cursos que tienen un costo de $100, mientras que en el mundo cuestan $600, sin embargo, Loría asegura que “nunca habrá un ingeniero del Conavi, son muy poquitos, son contados”.
El ingeniero indicó que en Costa Rica “todas las obras” se entregan a destiempo, debido a un problema con el tipo de contratación que realiza el Conavi. Una opción sería aplicar el diseño y construcción, además de una operación por niveles de servicio.
Sobre el caso específico del viaducto que se construye en Paso Ancho, Loría reconoció que no es normal ni conveniente un rezago tan prolongado para entregar el proyecto. Aunque dejó claro que no es culpa del contratista, sino de la Administración-como suele ocurrir en varias obras del país-, al no tener contemplado situaciones de expropiaciones y relocalizaciones de servicios públicos.
Insistió en que la responsabilidad es absoluta del Conavi puesto que la empresa contratada llega hasta donde se le permite, al igual que la Administración cuenta con los mecanismos legales para hacer que se cumpla con cualquier reparación y ponerse a tiempo con diseños de trabajo.
El vicepresidente de MECO, José Rafael Sánchez, si bien aclaró que el Conavi es su cliente, sí percibe un espacio de mejora dentro de la entidad, especialmente al hacer una comparación con otros países, donde se le delegan más responsabilidades al contratista en los procesos de contratación.
Además, el empresario si bien reconoce que cada país es diferente, sí cataloga a Costa Rica como uno extremadamente legalista y “lerdo” en resolver las cosas.
Sobre el viaducto de Paso Ancho, Sánchez dijo que a la empresa le costó un problema “gigantesco” el hecho de iniciar las obras sin que el Conavi tuviese listas las expropiaciones y la remoción de los servicios públicos. Ambos procesos son responsabilidad de la Administración.
“Podríamos hacer lo que otras empresas hacen en otros proyectos, de sentarse y no hacer nada, a nosotros nos presionaron y nosotros somos tan…otros contratistas simplemente no arrancan”, sostuvo.
La constructora reclamó un monto de ₡324 millones debido a estos contratiempos que ocasionaron un rezago en la entrega del viaducto. De ese monto, el Conavi ha cubierto una parte pero aún tiene una deuda pendiente con la compañía.
No obstante, el vicepresidente de MECO destacó la relación que tienen con la Administración, pues considera que son los más eficientes en terminar proyectos y en cumplirle al Estado costarricense.
Mientras tanto, el Conavi guarda silencio sobre estos temas y aquellos detectados en el viaducto de Paso Ancho. Este medio de comunicación solicitó días atrás vía correo electrónico en dos ocasiones, una espacio para entrevistar al ministro de Obras Públicas y Transportes, German Valverde, sin embargo, no hemos obtenido una respuesta por parte del Departamento de Comunicación.
Colaboró en esta información el periodista Esteban Mata
