San José, 31 dic (elmundo.cr) – Uno de los cambios más llamativos en la Administración Alvarado Quesada, fue el de Yamileth Astorga, presidente ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados (AyA), quien fue reemplazada por Tomás Martínez, exjerarca del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
Los problemas de facturación durante la pandemia provocaron la molestia de abonados, así como las compras millonarias que se pretendían en artículos no esenciales, fueron algunas de las situaciones denunciadas por los abonados y provocaron la destitución de la jerarca.
En esta nota realizamos un resumen sobre los acontecimientos más importantes del 2020 sobre este tema.
27 de marzo
La presidente ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga catalogó de “penoso” que el exdiputado Mario Redondo difundiera información no verídica ayer sobre el Congreso Latinosam.
Redondo denunció que el AyA estaba destinando $1,2 millones en la organización de la V Conferencia Latinoamericana de Saneamiento 2019.
Lo anterior fue desmentido por la jerarca, quien aclaró que la entidad gastará $162 900 por la participación de 543 funcionarios de la institución como de Asadas.
4 de mayo
Yamileth Astorga, continuará en su cargo durante el gobierno de Carlos Alvarado.
Astorga tiene más de 33 años de experiencia en el tema de recurso hídrico.
26 de agosto
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, manifestó su malestar ante los diferentes problemas que se presentaban en el AyA.
Vargas indicó que «Yamileth Astorga, tuvo que salir en carrera a buscar un respaldo de Alvarado pues los serios cuestionamientos de una colección de irregularidades, sumamente fundamentados, formulados por la Seccional ANEP-AyA, han manchado su gestión que deja mucho que desear».
Entre los cuestionamientos que se han presentado en el AyA se encuentran cobros erróneos por 2537 millones de colones de más en los recibos, pérdida de más de 3.800 millones al perder el juicio por obras inconclusas y el gasto de 800 millones de colones en publicidad.
13 de octubre
Astorga aseguró que «no había sido informada», de la compra por 92,7 millones de colones en la institución para «bolas antiestrés, títeres y mochilas promocionales» que dieron a conocer algunos medios de comunicación.
Al respecto, Astorga enfatizó que «esta mañana he dado la instrucción a la Dirección de Comunicación Institucional de detener la contratación de artículos promocionales y educativos registrada en SICOP».
«Reiteramos nuestro compromiso con la contención del gasto y de dirigir los fondos públicos hacia inversiones que mejoren los servicios de agua potable y saneamiento, los cuales son indispensable para hacer frente a la emergencia sanitaria que atraviesa el país y permitir la recuperación de la economía», concluyó.
24 de noviembre
El personal de la sede regional sur de la Defensoría de los Habitantes atendió una serie de denuncias por diversas situaciones relacionadas con la falta de prestación del servicio de agua durante el 2020.
A lo largo del presente año, vecinos de la comunidad de San Rafael de Limoncito, Bello Oriente del distrito de Agua Buena, La Isla y otras comunidades de San Vito de Coto Brus así como en Barrio Betania del distrito de Canoas de Corredores requirieron la intervención de la Defensoría ante problemas en ciertos momentos con el acceso del preciado líquido.
En el caso de la comunidad La Isla y Coto Brus en el primer trimestre del año la Defensoría realizó gestiones ante la jefatura cantonal del Instituto para que se resolviera un problema de faltante de agua. Asimismo, en el caso del sector de San Rafael de Limoncito se presentaba un problema con el sistema de bombeo y luego con una avería.
25 de noviembre
AyA suspende temporalmente cortas de agua para revisar sistema de reconexiones.
La institución aseguró que «temporalmente no suspenderá los servicios de agua potable mientras efectúa una revisión integral a los procesos de pago cuando los servicios son suspendidos por morosidad».
Asimismo, la hizo hincapié en que «la suspensión de las cortas se realiza de forma preventiva para valorar algunos casos identificados desde mediados de la semana pasada que alertaron a la institución sobre algunos usuarios a quienes, tras habérseles desconectado el servicio, normalizaron su situación y se les reconectó fuera del plazo establecido».
28 de noviembre
El diputado de Restauración Nacional, Melvin Núñez arremetió contra la presidente ejecutiva del AyA y la catalogó como una «protegida» del presidente Carlos Alvarado.
«Exijo la intervención inmediata del Instituto, Alvarado no puede seguir protegiendo una administración tan desastrosa», manifestó.
Núñez solicitó a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público llamar a comparecer a Astorga, sobre las anomalías denunciadas en la entidad.
El legislador, proponente de la moción, pidió el apoyo para abrir la investigación e indicó «con todo lo que ha pasado si en otro ministerio pasara ya el jerarca hubiera sido destituido y traen quien ponga orden».
La Aresep indicó mediante un informe que realizó a acueductos, que hubo errores en la facturación, que las autoridades del AyA aplicaron fórmulas incorrectas para los montos cobrados y que esto perjudicó a los usuarios.
Además, señaló que los arreglos de pago que aplica a los usuarios afectados no tienen explicación y que los costarricenses abonados sienten una gran desconfianza por el servicio que está pagando.
30 de noviembre
La diputada liberacionista Yorleny León aseguró que «sí, algo sucede entre Casa Presidencial y AyA lo cual evita la intervención inmediata de la institución».
La legisladora envió al presidente de la República, una solicitud para que interviniera el AyA.
León expuso que «es inaceptable la inoperancia que ha mostrado el AyA para solucionar las necesidades de agua potable».
En la solicitud la legisladora destacó los constantes atrasos que se evidencian en los proyectos que maneja el AyA en la región Caribe, así como la falta de voluntad para llevar agua potable a la zona norte de Limón.
01 de diciembre
Mediante una conferencia de prensa que buscaba realizar una rendición de cuentas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, ante la criticas recibidas por los cobros excesivos, la presidente Ejecutiva de la Institución aseveró que «yo renuncio cuando el señor presidente me lo pida».
Astorga hizo hincapié en que «ceder a esas presiones que han dicho por ahí que debo de salir de esta institución, es ceder a muchas mentiras y a muchos engaños, y yo eso no podría aceptarlo, yo estoy aquí por el país, por la población y por la institución».
De igual forma, comentó que «si hubiese realmente o si me identificaran un error cometido o una falta grave o una denuncia que tengan que hacer penalmente, les digo que la hagan, porque no la hemos hecho y hemos trabajado con muchísima honradez, muy dedicados a realmente responder a las necesidades de la población así que aquí seguiremos».
Ante esto, la diputada liberacionista, Silvia Hernández indicó que «el AyA tiene un gran desastre administrativo».
«Se le cobra de más a las personas y no se atienden los reclamos», agregó.
Además, recalcó que «el gobierno, como es usual, no reacciona».
Por último, la diputada aseveró que «la presidenta del AyA debe irse ya».
Por otro lado, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) congeló las tarifas del servicio de acueducto y alcantarillado, que se tenía previsto para enero de 2021.
Al respecto cabe destacar que, con esta decisión se suspende el incremento del 43% en alcantarillado, ni tampoco entrará a regir el incremento del 3,6% en el servicio de acueducto.
02 de diciembre
Una abonada del AyA de Moravia, llamada Sofía Gamboa, denunció que normalmente pagaba ¢11 mil colones o menos por el servicio de agua potable y deberá cancelar un monto superior al millón de colones.
Gamboa vive en San Jerónimo de Moravia, vive con su mamá adulta mayor y sale a trabajar en horario de oficina.
La afectada presentó una denuncia ante la Aresep por el monto que el AyA le facturó en octubre, más de ¢600 mil, y se le sumó el cobro por el mes de noviembre por más de ¢1 millón.
Desde Aresep le aseguraron a la usuaria que existe una saturación de quejas contra el AyA.
Por otro lado, el Minae, expresó su posición a favor de la nueva Ley de aguas 20.212.
Al respecto la ministra Andrea Meza destacó que «después de 20 años de discusión legislativa estamos a muy pocos pasos de poder aprobar una Ley para la gestión integrada del recurso hídrico, que actualice nuestra vieja Ley de aguas que es desde 1942».
04 de diciembre
El Alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, presentó una denuncia ante la Aresep por cobros excesivos del AyA.
Barahona, aseguró que «debido a la inacción del gobierno Central acudí a la Aresep para interponer una denuncia y solicitar a esta institución que se investiguen las más de 80 quejas recibidas en la Municipalidad por aparentes cobros excesivos realizados por el AyA».
Ante esto, Barahona destacó que «como autoridades locales estamos obligados a trabajar siempre en beneficio de la población que representamos».
05 de diciembre
La diputada liberacionista Franggi Nicolás expuso su molestia ante las declaraciones de Astorga, quien aseguró que renunciará hasta que el presidente Carlos Alvarado se lo pida.
Nicolás comentó que por un momento creyó que se la había tragado la tierra los últimos meses de pandemia cuando no apareció para darle explicaciones a los costarricenses por la serie de dudas y de cuestionamientos que había en cuanto a la administración del AyA.
«Pero esta semana apareció la señora y apareció bajo un tono desafiante para notificarnos a los costarricenses y voy a citarla, doña Yamileth Astorga dijo ayer: me mantengo en mi cargo y me voy solo si el presidente me pide mi renuncia», señaló la diputada.
08 de diciembre
La Municipalidad de Escazú presentó una demanda contra el AyA en la que expuso alrededor de 80 denuncias por cobros irregulares en el cantón.
Ante esto, la diputada socialcristiana Shirley Díaz, pidió al presidente «un poquito de liderazgo» y orden en el AyA, alegó que la situación en la institución era insostenible.
Además, afirmó que muchas familias se han visto afectadas por un problema en la facturación.
Díaz comentó “es inadmisible en cualquier momento, pero imperdonable en esta época de pandemia donde las y los costarricenses han visto disminuidos sus ingresos, y tras de eso, tienen que pagar cobros excesivos”.
Asimismo, la diputada enfatizó que “ahora se suma otra denuncia ante el Ministerio Público por la compra de medidores que ya pasaron su vida útil, por lo que podría estar generando el desorden que existe en la facturación”.
Por su parte, la diputada independiente, Carmen Chan solicitó al presidente de la República que interviniera de inmediato el AyA.
«Don Carlos Alvarado, la situación es urgente, le solicito vehementemente sea intervenido el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por sus múltiples fallas a nivel nacional en cuanto a facturación a usuarios, deficiente acceso al agua potable en las zonas costeras y rurales del país; no puede ser posible que en cantones como Coto Brus, siendo un cantón tan rico en recurso hídrico, haya problemas de acceso al agua en sus comunidades, siendo este recurso fundamental en toda época y máxime en la actual crisis sanitaria que vivimos», señaló en la misiva.
10 de diciembre
La CGR realizó una auditoría acerca de la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio de saneamiento de aguas residuales por parte del AyA y la Unidad ejecutora del Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS), evaluando tres temas principales: infraestructura de saneamiento, caudal de entrada y calidad de aguas vertidas de la Planta de Tratamiento Los Tajos.
En proyectos de esta naturaleza, se han destinado más de $490 millones, desde el año 2008.
Dentro de los hallazgos más importantes se destacan cuatro aspectos, primero, un atraso en plazo y aumento en costo de 3 proyectos ejecutados en el marco del programa.
El segundo aspecto que señaló la CGR es que el AyA no ha sido oportuno en prepararse para asumir la operación y el mantenimiento de la nueva infraestructura de alcantarillado sanitario que desarrolla la Unidad Ejecutora.
Como tercer punto, la Contraloría señaló que la planta de tratamiento Los Tajos opera al 16% de su capacidad debido a colapsos y falta de interconexión de obras de alcantarillado sanitario.
Por último, destacó que el AyA no cuenta con previsión de acciones futuras para el tratamiento de contaminantes provenientes de jabones, pese a que el vertido cumple con los parámetros de calidad establecidos en la normativa.
14 de diciembre
El diputado Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional, presentó una solicitud a la defensora de los Habitantes, para que se abra «un expediente de investigación ante las interrupciones del servicio de agua potable en el cantón de Coto Brus».
Jiménez aseguró que será «vigilante e incisivo para que se restablezca de forma definitiva este servicio».
«Hoy, prácticamente la economía se encuentra paralizada y con un alto riesgo sanitario ante la emergencia del covid-19», agregó.
19 de diciembre
La Defensoría de los Habitantes comunicó que ha venido investigando denuncias por altos cobros y facturaciones erróneas por servicios de acueductos y alcantarillados del AyA, «las cuales presentaron un pico histórico entre mayo y julio de este año; recibiéndose por parte de la Defensoría informes tanto de la Auditoría Interna del AyA como de la Aresep».
Además, explicaron que a la luz «de ambos estudios técnicos, la Defensoría encuentra que los problemas de facturación claramente comprobados tanto por la Auditoría Interna del AyA como por la Aresep, se originan en la confluencia de múltiples factores (multicausalidad)».
De igual forma, aseguraron que «algunos de esos factores pueden ser catalogados como de coyuntura (producto de las particularidades de la pandemia y del impacto de decisiones regulatorias y legales previas a ésta); sin embargo, otros factores deben ser catalogados como estructurales y cuyos efectos han sido profundizados y puestos en evidencia por los factores coyunturales».
21 de diciembre
El presidente de la República confirmó la sustitución de la presidencia ejecutiva del AyA, Yamilet Astorga, por Tomás Martínez.
Ante la noticia, la diputada María Vita Monge, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), celebró que el gobierno destituyera a Astorga.
«Ya era hora», aseguró Monge.
Asimismo, señaló que esa decisión la solicitaron desde junio anterior, tras los desastres de la institución en las facturaciones de agua.
Además, la socialcristiana sentenció que, la administración del recurso hídrico en el contexto de pandemia tiene que ser responsable y enfocarse en a atender las necesidades de los costarricenses.
«No a estafarlos con abusivos recibos producto del desorden de los jerarcas, iniciando por la señora Astorga», agregó.
También, el secretario general de la ANEP, Albino Vargas, comentó que la salida de Astorga es un logro del sindicalismo honesto y no alineado.
Además, aseguró que «la persistente labor de denuncia, sólidamente documentada por la Seccional ANEP-AyA, resultó determinante».
El sindicalista felicitó a su compañero Edwin Marín Bonilla y a la compañera Ivón Mata Ñúñez.
Por otro lado, la diputada oficialista, Paola Vega, aseguró que «Astorga avanzó en 6 años lo que por muchas décadas no se hizo en materia de infraestructura hídrica y saneamiento».
Según Vega, Astorga «empujó pendientes varados por años en la desidia de anteriores administraciones. Mi reconocimiento a su gestión y el agradecimiento por sus avances».
«Ante su salida espero una intervención oficial del AyA. Ya basta de tanta negligencia de parte de mandos medios que no han dado la cara por la situación de la facturación», concluyó.
22 de diciembre
La diputada independiente, Ivonne Acuña, aseveró que “¡Ya no más!, el país no aguanta más este jueguito de quitar y poner jerarcas, como si esa fuera la solución”.
“Mientras el Ejecutivo juega con el bienestar de los costarricenses, miles de familias sufren las consecuencias», señaló.
“El presidente Alvarado mueve a sus fichas a su antojo, quita y pone, así de simple, pero lo hace con personas que han mostrado ser incompetentes, es decir, que no tienen las competencias necesarias para hacer su trabajo”.
“O qué pasa don Carlos ¿Mover a un jerarca de un Ministerio a otro significa que la gestión va a mejorar? No señor, la incompetencia no desaparece por arte de magia ni mucho menos debería premiarse, eso es una desfachatez”, agregó la legisladora.
Al AyA y a Astorga se les investiga por las elevadas contrataciones de propaganda y otros gastos superfluos en medio de la pandemia, lo mismo que malas ejecuciones en proyectos, la condena de la Sala Constitucional por censura a la prensa y los cuestionamientos por no cumplir con el derecho humano de acceso al agua.
