San José, 4 mar (elmundo.cr) – Dos supuestos envíos masivos de mensajes de texto por parte de Restauración Nacional a todos los costarricenses inscritos en el padrón electoral en las pasadas elecciones nacionales, habría sido un intento de estafa al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Según la investigación realizada por EL MUNDO, Restauración Nacional presentó en la lista de gastos que pretende cobrar al TSE dos facturas por un monto idéntico de 63.124.251 colones, por el supuesto envío de mensajes de textos realizado a todos y cada uno de los costarricenses inscritos en el Padrón Electoral.
Para este supuesto trabajo el hoy diputado, Carlos Avendaño Calvo, firmó un contrato con la empresa Add Integral Solution, una empresa de Corporación SPI perteneciente a Luis Diego Garro Sánchez y a Alejandra Brenes Rodríguez, exsubtesorero del PRN y excandidata a diputada de la misma agrupación política.
Garro y Brenes comparten con el presidente del partido, Carlos Avendaño además de años de militancia política en Restauración Nacional, ser miembros de la misma iglesia evangélica en El Molino de Cartago.
Luis Diego Garro fungió como subtesorero del PRN hasta pocos días antes de obtener el millonario contrato.
En total el Partido Restauración Nacional realizó pagos por 126.248.502 colones para el supuesto envío masivo de mensajes de texto durante la segunda ronda de las elecciones nacionales.
Según varías personas consultadas, cercanas al manejo de la campaña política del PRN, no se tiene conocimiento de que se hubiera desarrollado una estrategia que incluyera mensajes de texto, ni tampoco manejo de redes sociales.
Carlos Avendaño consultó al TSE en oficio P-14-18 la viabilidad legal de los contratos de Restauración Nacional con la empresa de Luis Diego Garro y Alejandra Brenes para que brinden servicios de asesoría en mercadeo y estrategias de comunicación (envío de mensajes de texto).
El TSE contesta a Carlos Avendaño en oficio DFPP-179-2018 sobre la viabilidad de los contratos de mensajería de texto con Add Integral Solution, indicando que “en su ámbito de acción privada, los partidos políticos están cobijados, en términos generales, por el principio de autonomía de la voluntad (…) En esta esfera privada gozan de libertad contractual”.
Pero además el TSE indica que en el caso particular de mensajes de texto masivos que: “Si el envío de mensajes de texto con fines político partidistas, sin solicitud previa de los destinatarios genera disconformidad en estos, las personas que estimen vulnerados otros derechos ajenos al ámbito electoral como podrían ser los derechos reconocidos por las disposiciones del régimen de protección de la intimidad, según lo dispuesto en el título segundo de la Ley General de Telecomunicaciones nº 8642 u otros, podrán dirigir su reclamo a las instancias que considere pertinentes”.
Según el informe de labores presentado por la empresa Add Integral Solución al PRN, ellos enviaron dos veces mensajes de texto con link a redes sociales a todos los costarricenses inscritos en el padrón electoral, es decir a 3.322.329 personas.
Por cada supuesto mensaje enviado Add Integral Solución cobró 19 colones y como dicen haber enviado a la totalidad del padrón (3.322.329 personas), las facturas de cobro las realizaron por un total de 63.124.251 colones cada una. Inicialmente la empresa contratada pretendió hacer 6 envíos masivos.
Según el informe de la empresa del exsubtesorero del PRN, hasta los 31.864 costarricenses empadronados para votar en el extranjero recibieron los supuestos mensajes de texto.
EL MUNDO consultó a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), adscrita al Ministerio de Justicia si la empresa Add Integral Solución tenía bases de datos registradas, pero se indicó que no.
Ana Karen Cortés, directora de Prodhab, indicó a EL MUNDO que “un partido político cualquiera que este sea podría enviar información, datos, publicidad, propaganda, lo que sea, si la persona o el titular de derechos del celular al que se envió el mensaje de texto ha suscrito una afiliación con dicho partido, de lo contrario si la persona no se ha afiliado, no se ha suscrito, no debería recibir ningún tipo de publicidad, propaganda o mensajes, etc, porque esto violenta el principio de consentimiento informado y no es más que yo como titular de datos o de derechos haber autorizado que se me envíe esa información sabiendo los fines, sabiendo que me encuentro en una base de datos del partido, etc”.
Cortés agregó que “el número celular es un dato restringido de acuerdo a la categorización de los datos que hace la ley, eso quiere decir que es un dato que le interesa al titular y le interesa a la administración únicamente para cuando lo tengan que contactar de manera oficial, volvemos al tema de que si no se dio el consentimiento informado no es posible la utilización de este dato”.
La directora de Prodhab aclara que “toda base de datos que comercialicen o transfiera datos, debería estar registrada o inscrita ante la agencia de protección de datos, así mismo toda base de datos es inscribible más aún si comercializa o transfiere datos debería estar inscrita la base de datos ante la agencia de protección de datos”.
Por último, Add Integral Solución y Restauración Nacional pudieron enviar mensajes de texto a 3.322.329 personas “solo si tienen el consentimiento de todos los ciudadanos costarricenses”, aseguró Ana Karen Cortés.
