San José, 26 sep (elmundo.cr) – La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), planteó un Recurso de Revocatoria y Apelación a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), en donde se solicita que se deje sin efecto la resolución RE-0108-IE-2023, ya que regresa la estructura tarifaria del ICE a la que estaba en vigor en 2020, lo que tiene un impacto negativo al aumentar las tarifas de Media Tensión y Media Tensión b.
El presidente de la CICR, Sergio Capón, indicó que “la decisión de la Aresep de retroceder en la estructura tarifaria afecta la competitividad de Costa Rica al aumentar las tarifas de electricidad para el sector industrial, lo que encarece la producción y perjudica la generación de empleo y el crecimiento económico; sin duda esta decisión elimina los avances en modernización tarifaria que habían beneficiado la capacidad de competir de las empresas”.
Entre los mayores retrocesos, la CICR identifica la eliminación de las bandas tarifarias en las tarifas de media tensión (T-MT) y media tensión b (T-MTb), para regresar a una tarifa única por periodo horario; adicionalmente, la exclusión de la asignación óptima por la relación costo-responsabilidad en las diferentes categorías tarifarias, para asignar un ajuste porcentual igual para todas las categorías tarifarias, ambos con implicaciones negativas para los costos de producción.
Adicionalmente, se eliminaría la tarifa residencial horaria lo que impide que aquellos costarricenses que deseen ajustar su consumo a esos horarios puedan ahorrar en su factura eléctrica y también se eliminan las tarifas prepago.
Si se reconoce el efecto de este cambio de estructura para los últimos 3 años, la CICR estima que los consumidores industriales del ICE (incluyendo CVG) podrían llegar a pagar un aumento del 17,5% para la tarifa T-MT y del 14,4% para la T-MTb, con respecto a lo que se está pagando hoy.
Al respecto, los industriales resaltan que los clientes industriales más “electro-intensivos” son usuarios de T-MT y T-MTb, y su perfil de consumo permite el pago de la infraestructura requerida para brindar el servicio en un periodo mucho más corto y, por tanto, le generan menor costo al sistema eléctrico.
Por ejemplo, de continuar con este proceso la Aresep, estaría obligando a una empresa que consume 100 millones de colones en electricidad a pagar 117 millones, con el efecto de que ya vendió los productos en los años 2021,2022 y 2023 y no podría cargar ese costo a los productos a vender en el próximo año.
Se debe tener en cuenta que solo por los efectos del fenómeno del niño, los usuarios de las tarifas de electricidad ya han sufrido serios impactos: las tarifas del tercer trimestre 2023 del ICE ya han aumentado un 31,3% en comparación con las tarifas que se tuvieron en diciembre de 2022.
El tipo de cambio ha encarecido en dólares el costo eléctrico y las proyecciones de aumento de tarifas por el combustible que se requiere para generar electricidad en el año 2024, hacen que este no sea el momento para hablar de aumentos adicionales de tarifas, que afectan la competitividad y la capacidad de generar empleo.
Los industriales señalaron que la decisión tomada por Aresep carece de un respaldo técnico, por lo que se está irrespetando el marco legal vigente, afectando la seguridad jurídica y a todos los administrados que de buena fe cubrieron sus obligaciones basados en una tarifa válida emitida por una autoridad competente.
“Abruptamente, luego de 3 años de aplicación, la Junta Directiva de la Aresep declara nula la manera en que se han venido cobrando las tarifas de electricidad del ICE, esto sería generar inseguridad jurídica, si se pretendiera aplicar retroactivamente y no parece razonable alejarse del criterio técnico de la Intendencia de Energía”, concluyó Capón.
