San José, 01 dic (elmundo.cr) – La Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) decidió no renovar los permisos a dos de las empresas que forman parte del Consorcio del Este, propiedad de Orlando Ramírez Bioley, el representante de los empresarios autobuseros ante ese mismo Consejo.
Con esta decisión, Ramírez, cercano colaborador y señalado como financista de la campaña que llevó a Rodrigo Chaves al poder, quedan sin permisos de funcionamiento las empresas CESMAG S.A. que tiene su permiso vencido desde el 18 de octubre y la empresa Zapote S.A. cuya autorización venció desde el 16 de octubre.
Ambas empresas ligadas a Ramírez y que prestan servicios en comunidades de Curridabat, Tres Ríos y Zapote, presentan morosidad ante la CCSS y FODESAF que juntas superan los $2 millones.
El pleno del Consejo, en votación de seis contra uno, rechazó la solicitud de renovación de permisos para las empresas
La decisión se da luego de conocer la denuncia interpuesta por la empresa 51-53 S.A., que opera en el mismo corredor que las empresas de Ramírez, y que señala los incumplimientos específicos en relación con lo que establece la ley 7969 y su reglamento.
Presión y evidencia
Meses atrás, diputados del Frente Amplio, como el candidato presidencial Ariel Robles y su compañera Rocío Alfaro, solicitaron a Chaves la destitución de Ramírez como miembro del CTP, ante la mora de sus empresas con la seguridad social.
Apuntan que el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social prohíbe expresamente a empresas morosas con la seguridad social contratar con el Estado.
La misma regla aplica para quienes no estén al día con el FODESAF.
A Ramírez se le señala por haber sido financista de la campaña de Rodrigo Chaves, por lo que esta sería la razón para ser nombrado como representante de los empresarios autobuseros ante el CTP.
Sin embargo, la sostenida morosidad de sus empresas con la seguridad social, hacen, a criterio del diputado Robles, insostenible ese nombramiento.
“No tiene plata para cumplir con la ley 7600, ni para renovar la flota de buses, pero sí tiene plata para invertir en campañas políticas (…) un señor que tiene una deuda millonaria con la Caja Costarricense de Seguro Social, que ha sido denunciado en este Plenario y además una persona que fue financista a la campaña de Rodrigo Chaves Robles”, recordó el frenteamplista.
En aras de garantizar el servicio y su continuidad, la Junta Directiva del CTP, solicitó a su Dirección Técnica que proceda con los procesos necesarios para nombrar nuevo operador en las rutas afectadas.
