San José, 7 mar (elmundo.cr) – El escándalo por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), limitó al Estado costarricense en una audiencia internacional celebrada el jueves pasado en Puerto Príncipe, Haití, donde se discutió sobre una denuncia presentada por empleados judiciales.
Esto luego de que la delegación nacional no contara con el respaldo de un especialista en temas fiscales en un debate convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para conocer sobre una denuncia en torno al presunto quebranto a la independencia judicial provocado por la reforma fiscal aprobada el año pasado.
Y es que justamente a quien le correspondía la defensa técnica era a Juan Alfaro López, viceministro de Ingresos, quien renunció esta misma semana salpicado por el escándalo generado a raíz de la creación de la Unidad adscrita a Presidencia, facultada para el manejo de datos de la población, incluso de carácter confidencial.
“Lamentamos esta imprevista situación porque, como es sabido por la Comisión, el Estado suele programar este tipo de audiencias previendo que los delegados, desde sus respectivas competencias en el Estado, participen y enriquezcan el dialogo de forma constructiva”, comentó José Carlos Jiménez, asesor del área de Derecho Internacional de Cancillería.
Es por ello que solicitó a la CIDH que se considerara “la posibilidad de que el Estado, de ser necesario, pueda referirse a las consultas puntuales de forma escrita e incluso ampliar temas que por la particular y especializada materia de la competencia hacendaria así se requiera”, con el fin de no perjudicar la dinámica de la sesión.
La audiencia otorgada por la CIDH fue para discutir alrededor de una denuncia planteada por los gremios del Poder Judicial, ante el debilitamiento de la independencia judicial provocada tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida como Reforma fiscal.
Los empleados judiciales advierten sobre el carácter regresivo y arbitrario de las medidas dirigidas a contener el déficit fiscal respecto al derecho al salario y de otros derechos prestacionales y de seguridad social de las personas trabajadores jubiladas y pensiones y llaman la atención sobre las amenazas y ataques a la independencia e imagen de dicho poder.
La posición central de los representantes del Estado fue que la CIDH no debería discutir este caso, alegando que aún hay acciones en curso en Costa Rica referentes a los temas denunciados, como es el caso de acciones en la Sala Constitucional.
