Renata lanza reto a Uccaep para debate público sobre empaquetado neutro

Produccion fotografica con cajas de cigarrillos en almacen de Montevideo, nota por flexibilizacion de poli­tica antitabaco en Uruguay, ND 20220919, foto Estefania Leal - Archivo El Pais

San José, 20 abr (elmundo.cr) – La Red Nacional Antitabacco (Renata) criticó fuertemente la petición de la UCCAEP, Cámara de Comercio y Cámara de Industrias de archivar el expediente 22.497 “Ley de Empaquetado Neutro de Productos de Tabaco”, por considerar que sus argumentos están manipulados con el objetivo de proteger únicamente los intereses de uno de sus afiliados como son las tabacaleras, anteponiendo los intereses comerciales por encima del derecho a la salud.

En este sentido, Renata lanzó el reto a las cámaras empresariales de abrir un debate público con información real sobre los efectos de esta medida, ya que están distorsionando informaciones para evitar el avance de una iniciativa de Ley en la Asamblea Legislativa.

“Una vez más las cámaras empresariales sobreponen los intereses comerciales particulares de las tabacaleras por encima de la salud pública, un derecho que priva tal y como lo ha dejado claro la OMC y la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Los argumentos que señalan para pedir el archivo del proyecto no son correctos. No existen estudios serios que demuestran que el empaquetado neutro fomente el comercio ilícito por el contrario estudios independientes en Reino Unido, Irlanda y Francia determinaron que la exposición reportada a cigarrillos ilícitos alguna vez cayó del 19,8 % al 18,1 % entre 2015 y 2018 en los tres países, el empaquetado estandarizado no aumenta la disponibilidad de cigarrillos ilícitos.”, señaló la Dra. Nydia Amador, presidenta de Renata.

Agregó que el proyecto tampoco es desproporcionado, ya que la misma Procuraduría dejo en claro a los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales que la iniciativa cumple con el principio de razonabilidad y proporcionalidad. En nuestro país, la Sala Constitucional en distintos momentos ha ratificado que no se violentan libertades comerciales, ni derechos de marca.

A nivel internacional la Organización Mundial del Comercio concluyó que una normativa de esta naturaleza no viola la propiedad intelectual ni los derechos comerciales, en tanto los Estados tienen el derecho de regular la salud pública.

En Uruguay por una clara injerencia y manipulación de la industria tabacalera tal como de lo admitió públicamente el mismo presidente de la República Luis Lacalle Pou, se flexibilizó la normativa mediante un decreto, y aunque no eliminó el empaquetado neutro, posteriormente la Justicia uruguaya decidió suspender la aplicación del decreto al considerarla violatoria de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, determinando que incumplían expresamente con los estándares de empaquetado genérico impuestos por el CMCT y los estándares de derechos humanos.

“Lo que si es cierto es que el costo para el Estado por atención médica, baja en productividad y cuido de pacientes enfermos en los hogares golpea la economía en un 0.9% del PIB. Las cámaras están defendiendo productos que terminan matando a las personas y que generan contaminación. Confiamos en que los señores diputados y las autoridades de Gobierno apoyen un proyecto bueno para el país y la salud de todos por encima de intereses particulares”, reiteró Amador.

Los costos en salud para la CCSS rondan los ₡166.780 millones, el costo en la productividad laboral perdida es de ₡75 mil millones el cual es dinero que el país pierde debido a estas enfermedades y muertes prematuras por tabaquismo. Adicionalmente, las familias también tienen pérdidas por ₡58,500 millones por tiempo que deben invertir en el cuido de estos pacientes.

Cada año más de 2 mil personas mueren en el país a causa de problemas derivados del tabaco y más de 16 mil son diagnosticados con problemas de enfermedades producidas por el consumo de estos productos (cáncer de pulmón, cardiopatías, enfermedad pulmonar obstructiva, entre otras).
El empaquetado neutro no distorsiona información a los consumidores, no afecta el derecho de comercio ni propiedad intelectual de eso hay sobrada jurisprudencia nacional e internacional que lo prueba. Archivar este proyecto es privar el dinero para unos por encima de la vida de todos.

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