San José, 9 jun (elmundo.cr) – Las personas que defienden los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica son blanco de ataques impunes que dan pie a que esa violencia continúe, alertó este lunes la relatora especial sobre esta cuestión, quien expresó su grave preocupación por la vida de esos activistas e instó a las autoridades a acabar con este flagelo.
Mary Lawlor indicó que el auge de estas agresiones comenzó desde marzo de 2019, cuando fue asesinado el líder indígena Bribri, Sergio Rojas, dedicado a reivindicar los derechos de los pueblos originarios frente a la ocupación de sus territorios.
La experta denunció que, a 14 meses de haber ocurrido el crimen, “no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables”.
Agregó que éste no es el único caso de falta de rendición de cuentas ya que otros ataques contra estos defensores han quedados parcial o totalmente impunes.
“Hasta que haya investigaciones adecuadas, y rendición de cuentas por estos crímenes, podemos ser testigos de más intimidación, agresiones y muerte”, advirtió.
Lawlor afirmó que la impunidad aumenta el impacto de violaciones de los derechos humanos porque envía un mensaje de falta de reconocimiento de su función en la sociedad e invita a seguir violentando sus garantías fundamentales.
El relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali Tzay, se sumó al llamado de la experta a poner fin a la impunidad y presentar ante la justicia a los responsables de los atropellos a los líderes indígenas.
Requisiciones pacíficas
Lawlor explicó que en 1977 Costa Rica estableció un marco legal para la redistribución de la tierra indígena ancestral ocupada por personas no indígenas; sin embargo, la implementación de la ley ha sido lenta y los líderes indígenas han realizado requisiciones pacíficas de las tierras para devolverlas a los pueblos indígenas.
Los ocupantes no indígenas de la tierra han respondido con violencia a estas requisas.
El Gobierno costarricense ha incrementado la presencia de la policía en las comunidades afectadas, pero las investigaciones son inadecuadas o no se concluyen, por lo que las víctimas y sus familiares siguen amenazados por los presuntos perpetradores.
La relatora citó como ejemplo el caso del líder indígena Yehry Rivera, que fue asesinado en febrero pasado y cuya familia ha sido amenazada e intimidada repetidamente por los familiares del responsable, que a menudo pasan por su tierra, con machetes en la mano.
Además, Pablo Sibar, un defensor de los derechos humanos del mismo pueblo Broran que Yehry Rivera, ha sido intimidado y sometido a ataques incendiarios que todavía no han sido investigados.
Por otra parte, Minor Ortíz Delgado, un defensor indígena de la tierra, de la misma comunidad Bribri que Sergio Rojas, recibió un balazo en la pierna en marzo. El perpetrador, que fue liberado y recibió medidas de restricción, ha vuelto a amenazarlo de muerte, al igual que a su familia.
“Al parecer, los responsables de las intimidaciones, amenazas, disparos y asesinatos andan sueltos cuando sus víctimas son personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas”, dijo la experta.
