San José, 15 jun (elmundo.cr) – El diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, advirtió que la regla fiscal tiene en cierre técnico a instituciones y afecta a más de 100 proyectos de la JPS.
El frenteamplista manifestó que “a propósito de las incertidumbres, hoy las deficiencias de una regla fiscal cada vez más salen a flote”.
Para el legislador “sin duda alguna, quienes aprobaron esa regla fiscal a rajatabla, no creo que tuvieran concepción de lo que se estaba generando”.
Ante esto recordó que “la semana anterior, pedimos explicaciones a la JPS, por el no giro de recursos a organizaciones que luchan, combaten y previenen el VIH sida en nuestro país, lamentablemente de parte de la JPS, no nos han respondido, pero si han respondido a la prensa y señalan a la regla fiscal como una de las principales problemáticas, una situación que no tiene lógica porque la JPS, genera sus propios recursos”.
Según el parlamentario “no sólo estas organizaciones sufren esta situación, si no que hay más de 137 proyectos afectados también que reciben financiamiento por parte de la JPS, por ley que también se ven afectados”.
“A esto se le suman 14 hospitales de la CCSS, que no reciben estos recursos, 3500 millones no se han podido girar a estos centros hospitalarios necesarios para comprar equipo y mobiliario”, apuntó.
“Creo que esto ya perdió cualquier lógica, el fiscalismo absurdo al que se ha llegado con esta regla fiscal está cobrando vidas, esta maniatando a las organizaciones, al estado social de derecho, todo por aquella fama de querer ser muy disciplinados fiscalmente”, agregó.
Por lo que señaló que “no es cuestión de recortar el erario, tampoco de una disciplina fiscal a ciegas de los derechos humanos, hemos señalado que las instituciones no son un fin en sí mismo, pero tampoco el fiscalismo recortista, tiene que ser un fin en sí mismo, eso nos llevaría a un absurdo pues los que están en el medio son personas, son seres humanos”.
“Sin democracia económica y sin servicios universales, no podemos construir ni democracia real, ni un Estado Social de Derecho”, concluyó.
