San José, 14 jun (elmundo.cr) – Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica acusó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de violar la autonomía universitaria de ese centro de estudios, al ingresar sin orden judicial a la Oficina de Recursos Humanos a solicitar el expediente de su hija.
Ambos se encuentran en el centro de una polémica por el nombramiento que se hizo de la hija del rector en el Centro Infantil Laboratorio (CIL) y por este caso, el Sindicato de Empleados de la UCR (SINDEU) interpuso una denuncia contra Jensen el pasado 2 de junio ante la Contraloría General de la República (CGR).
“Todo parece indicar que el sindicato ha procedido de manera semejante ante el Ministerio Público, ya que el lunes 13 de junio dos funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron a la Oficina de Recursos Humanos (ORH) y requirieron el expediente de mi hija, sin apegarse al protocolo de ingreso de autoridades policiales al espacio de autonomía de la UCR, ni presentando una orden judicial que justificara legalmente su petición”, dijo el rector en su pronunciamiento a la comunidad estudiantil.
Jensen afirmó que pidió explicaciones a Zarela Villanueva Monge, presidenta de la Corte Suprema de Justicia por el actuar del OIJ.
Sin embargo, un repaso que EL MUNDO hizo por la jurisprudencia de la Sala Constitucional con respecto a la autonomía universitaria revela que los magistrados ya habían dicho que el ingreso de oficiales al campus universitario no violentaba ningún derecho fundamental, ya que la Universidad de Costa Rica es una persona jurídica y no física y que por tanto, no tiene derechos.
“Tengo muchas razones para pensar que los ataques contra mi persona, contra mi nombre y honor, contra mi familia y mis colaboradores y colaboradoras, continuarán“, afirmó.
Para el rector, “quienes se sirven del rumor y la desinformación para afectar el tejido institucional” mencionarán la adquisición de una finca en Nances de Esparza para la Sede del Pacífico como un “acto de corrupción”.
Asimismo, Jensen cree que se mencionará también que su hijo fue contratado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas en el año 2014 para participar en un proyecto de investigación, queriéndolo hacer ver como un acto de tráfico de influencias.
“Quizá vayan tan lejos como insinuar que la Maestría Profesional en Justicia Constitucional, que mi hijo acaba de obtener con una tesis sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas en Costa Rica, la cual fue aprobada con distinción, es una maestría mal habida o resultado de un indigno lavado de títulos”, criticó.
“¿A qué se debe este ensañamiento contra mi persona y mis hijos? ¿Por qué en una universidad, cuyo lema es lucem aspicio, hay quienes condenan a priori sin respetar el derecho humano fundamental del debido proceso? ¿Qué debemos pensar de un grupo pequeño de universitarios que protestan anónimamente contra la impunidad del rector sin que exista causa juzgada, ni siquiera notificación alguna, de la cual haya excepción de castigo?”, dice la carta del Rector.
Para Jensen, todo se debe a que no ha ocultado su intención de renegociar la convención colectiva que vence en los primeros meses de 2017.
“Pienso que oponerse a la renegociación de una convención colectiva, que en muchos aspectos -no en todos- es obsoleta, sería un acto político retrógrado y perjudicial que nos robaría la posibilidad de concebir un acuerdo laboral visionario que incorpore el enfoque de derechos relativos, por ejemplo, al género y la diversidad”, manifestó.
