Heredia, 7 abr (elmundo.cr) – El deterioro de la calidad de vida en Costa Rica, marcado por la inseguridad ciudadana y la crisis en educación y seguridad social, tardará años en recuperarse, según advierten expertos.
La priorización del pago de la deuda externa por encima de la inversión social ha generado un retroceso con consecuencias negativas a corto y mediano plazo.
Leiner Vargas, economista del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), explicó que “al recortar la inversión social y priorizar el pago de la deuda, se provoca un retroceso social muy importante que conlleva consecuencias negativas para la población en el corto y mediano plazo”.
Vargas calificó la estrategia del gobierno como poco inteligente y sugirió “otras formas de mejorar la situación fiscal, como cobrar adecuadamente los impuestos, evitar la elusión y la evasión fiscal”.
El II Informe de Proyecciones Macroeconómicas 2024 del CINPE revela una caída en el gasto público social como porcentaje del PIB: del 24.2% en 2020 al 21.2% en 2022, similar a los niveles de 2010.
“Este gobierno, al tener una política muy fiscalista, por cumplir con esos indicadores, está abandonando ese contrato social que hemos tenido históricamente”, advirtió la diputada Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Ramírez lamentó el debilitamiento de la inversión en educación y el aumento de la criminalidad. “Si no hacemos un equilibrio entre lo fiscal y lo social, el país se nos va a salir de las manos”, señaló.
La diputada explicó que el gobierno aceleró el cumplimiento de metas del Fondo Monetario Internacional, lo que conlleva una buena calificación internacional, pero a costa de la disminución del gasto social.
Vargas coincidió con Ramírez y calificó la decisión del gobierno como un “disparo en el pie”. Advirtió que “en materia de inversión social no se vale apostar a medias”, ya que las consecuencias de la exclusión social son difíciles de revertir y generan mayores costos a largo plazo.
Natalia Morales, investigadora del Programa Estado de la Nación, señaló que la educación ha sido el sector más afectado por los recortes en los últimos tres años, con consecuencias en todos los niveles.
Además, destacó la importancia de los programas sociales para complementar los ingresos de los hogares, un rubro también afectado por la reducción del gasto.
El informe del CINPE también reveló una caída significativa en el financiamiento de programas de protección social, que en 2023 representó el 14.50% del PIB, muy por debajo de la recomendación de la OCDE del 22.6%.
Finalmente, los especialistas coincidieron en que el deterioro de la inversión social impacta la competitividad del país. Marco Otoya, director del CINPE, explicó que el aumento de la delincuencia incrementa los costos para los empresarios y afecta el turismo. Instó a una política pública integral en educación, salud y seguridad ciudadana, sin descuidar la reactivación económica local.
