San José, 22 oct (elmundo.cr) – Costa Rica podría perder, a partir del 1º de enero de 2027, su capacidad de monitorear en tiempo real las amenazas de tsunami, un servicio esencial que ha operado de forma ininterrumpida durante los últimos 12 años.
La advertencia proviene del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (Sinamot) de la Universidad Nacional (UNA), entidad que señala que la eliminación de una plaza clave —asignada anualmente desde 2018— impedirá sostener la vigilancia las 24 horas del día, los 365 días del año.
Esta situación es consecuencia directa de la propuesta gubernamental de congelar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para 2027 y los recortes adicionales dictaminados recientemente en la Asamblea Legislativa.
Actualmente, el Sinamot opera con un equipo reducido de tres a cuatro funcionarios. Con el ajuste presupuestario, la capacidad técnica se limitaría a solo dos personas con jornadas parciales, un escenario que, según los expertos, es insuficiente para una labor de respuesta inmediata ante eventos sísmicos.
Kristel Espinoza Hernández, representante del Sinamot-UNA, enfatizó la importancia crítica de este centro para la seguridad nacional: “Con cero aumento del FEES a partir del 1º de enero de 2027, el Sinamot no va a poder funcionar como un centro de alerta de tsunamis. Esto es muy importante porque la población necesita saber qué hacer en caso de emergencia”.
Espinoza recordó un caso reciente donde la intervención del Sinamot fue determinante: “El PTWC en Estados Unidos dijo que Costa Rica era un área con gran vulnerabilidad y debíamos evacuar. Pero el equipo de trabajo del Sinamot analizó la información y en 15 minutos determinó que no era necesaria una evacuación, que no estábamos dentro de esta área de riesgo”.
Desde su creación en 2014, el Sinamot ha analizado más de 900 eventos con potencial de tsunami, ocho de los cuales generaron registros en el país. Además de la vigilancia, el programa ha desarrollado estudios de amenaza en más de 70 comunidades costeras, como Cahuita, Sámara y Tamarindo, y coordina simulacros anuales para preparar a la población.
La posible suspensión del servicio afectaría a instituciones públicas, empresas privadas, el sector turístico y a las comunidades costeras que dependen de este análisis técnico para la toma de decisiones. Ante este panorama, el Sinamot ha hecho un llamado urgente al Poder Ejecutivo y al Congreso para que se reviertan las condiciones presupuestarias que ponen en riesgo la continuidad de esta labor de prevención.
