San José, 26 jun (elmundo.cr) – La presidenta ejecutiva de Recope, Karla Montero, informó que pusieron una denuncia penal contra la Administración Chinchilla Miranda por firmar decretos para transferir $2,1 millones de la institución a Ad Astra Rocket para realizar estudios sobre tecnología de hidrógeno.
Los hechos denunciados ocurrieron entre el 2011 y el 2015, cuando Recope y Ad Astra firmaron acuerdos para investigar y desarrollar un proyecto que pretendía incursionar en el hidrógeno como materia prima para combustibles.
“En la sana teoría, para que Recope pueda incursionar en este tipo de proyectos, primero debe pasar por la reforma de ley en la Asamblea Legislativa, dado que nuestras competencias están delimitadas”, explicó Montero.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, recalcó que “si esa empresa Ad Astra hubiera descubierto un proceso, o algo de enorme valor económico todas las ganancias eran para Ad Astra porque Recope no tiene facultad para el negocio del hidrógeno, y no era que estaba comprando acciones, fueron subsidios”.
El mandatario explicó que ante esto la Contraloría General de la República lo que indicó es que “Recope no tenía que pedir permiso, sino que no tenía que aprobarlo la Contraloría, entonces gaste dinero, no, regale, porque esto es un regalo”.
“Regáleme 2 millones de dólares para que yo desarrolle esa tecnología, verdad que no estoy exagerando, es exactamente equivalente, entonces el Gobierno de Laura Chinchilla en aquel caso dijo sí claro se los vamos a regalar, emite un decreto, la Contraloría dice no a mí no me tiene que preguntar eso, yo creí que la plata eran recursos públicos”, criticó.
Según el presidente el Gobierno de Chinchilla “aprueba un presupuesto extraordinario para que Recope pueda girar esos miles de millones”.
“La presidencia de la República, Laura Chinchilla, empujando, haciendo decretos, para que le regalen a alguien, es como que yo le regale hoy a un empresario que venga y diga voy a hacer una tecnología de dispositivos médicos”, aseguró.
Chaves reiteró que “yo creo que aquí amerita una denuncia penal, porque nosotros como funcionarios públicos no tenemos otra opción que denunciar ante la posible comisión de un delito penal, y en este caso más que un delito penal, la verdad es que me da vergüenza”.
“Es verdaderamente vergonzosa la respuesta de la Contraloría, es precisamente el tipo de cosas que nosotros estamos luchando para que no tengan ese grado de discreción”, sostuvo el presidente, que además cuestionó “¿cuál era el interés público?”.
Los tres convenios
Recope indicó que en octubre del 2011 se firmó el primero de los convenios mencionados, el cual permitió a la institución aportar $300.000 para un estudio de factibilidad de un sistema de almacenamiento de hidrógeno.
El segundo convenio data de julio del 2012 e hizo que Recope aportara $1,4 millones para el diseño del sistema de producción y almacenamiento de hidrógeno.
Finalmente, hubo un tercer convenio que permitió, en febrero del 2014, aportar $400.000 a esa empresa privada, para operar ese sistema de producción y almacenamiento de hidrógeno.
En medio de la firma del primer y segundo convenio, la administración de Recope acudió a la Contraloría General de la República para conocer si este convenio estaba dentro del marco legal; sin embargo, el órgano contralor respondió que no requería de su autorización.
Durante ese periodo, la expresidenta Laura Chinchilla, el exministro de Ambiente, René Castro, y el exministro de Hacienda, Édgar Ayales (q.d.D.g.), firmaron dos decretos. El primero (N.° 37222-MINAET) autorizó a Recope a investigar y desarrollar energías alternativas y el segundo brindó contenido económico al convenio con Ad Astra (N.° 37447-H).
Después del desembolso de $2,1 millones, Recope solicitó criterio a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las competencias en materia de biocombustibles, ante una instrucción de la Contraloría. A partir de la solicitud, la PGR concluyó que Recope carecía de competencia legal para incursionar en la producción e industrialización de biocombustibles
