San José, 20 mar (elmundo.cr) – El proyecto de referéndum “Apertura del monopolio de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)”, resulta inconveniente y contrario a los intereses nacionales, pues colocaría al país en una situación de desventaja y a RECOPE en un estado de vulnerabilidad que le imposibilitaría cumplir su obligación de garantizar la disponibilidad ininterrumpida de los combustibles, a un precio asequible, indica la institución mediante un comunicado.
Según RECOPE el proyecto de referéndum no garantiza la reducción de precios ni la libre competencia como propone, debido a las ambigüedades y omisiones de carácter técnico y jurídico que presenta. Adicionalmente, con la apertura es de esperar que la rentabilidad de las empresas participantes aumente para satisfacer el lucro privado.
Tampoco es válido, agregan, el argumento de que los gastos de RECOPE elevan el precio de venta de los combustibles y que estos se reducirían en un mercado competitivo, porque la atención se centra en los costos relacionados con la Convención Colectiva; rubro que representa el 1% del precio de venta.
Además, la Convención Colectiva que rige desde julio del 2016 por primera vez se renegoció a la baja y cerró el año con una disminución en el costo del 5% respecto al 2015.
Al hacer una comparación del nivel de las remuneraciones de RECOPE con el de la industria petrolera, utilizando datos de la encuesta elaborada por HAYS Oil & Gas, resulta que el salario anual promedio de RECOPE es 52% inferior al de América del Sur, que es la región relevante para Costa Rica.
Sobre el tema de precios, también es oportuno considerar el criterio técnico de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), según el cual la propuesta tarifaria que hace el proyecto de referéndum no beneficiaría al consumidor, sino a las empresas distribuidoras.
Además indican que el proyecto no contempla el tema de política sectorial para los precios del gas, búnker, asfalto y emulsión asfáltica, por lo cual es de esperar que estos productos aumenten de precio. Por otra parte, se plantea que el mercado de los combustibles se dé en un escenario de libre competencia, sin establecer el marco jurídico ni las condiciones para evitar la concentración monopolística propia de la industria petrolera, debido a la alta inversión que requiere y a las economías de escala.
Aunque el referéndum plantea la posibilidad de que RECOPE opere en un mercado abierto, la iniciativa no va aparejada del fortalecimiento que requiere la empresa para competir en igualdad de condiciones con los actores privados, colocándola en una situación de desventaja y vulnerabilidad.
Cabe recordar que en los proyectos de apertura que se siguieron para el caso de seguros y telecomunicaciones, se dotó de leyes de fortalecimiento al INS y al ICE para que pudieran competir. Por el contrario, el proyecto del referéndum persigue la venta de acciones y activos de RECOPE, y la liquidación de la empresa.
Con este propósito el proyecto plantea el traslado de activos públicos para el aprovechamiento privado, desarticulando el Sistema Nacional de Combustibles y poniendo en riesgo la seguridad energética nacional, al no establecer un garante responsable de satisfacer la demanda. El traslado del poliducto al MINAE no establece la entidad que deberá operarlo ni dispone dotarla de los recursos técnicos y financieros para ello.
Finalmente RECOPE enfatiza que el conjunto de incongruencias y omisiones que contiene el proyecto de referéndum hacen inviable la propuesta, por lo que no se considera responsable promover la apertura del mercado bajo este nivel de inseguridad jurídica.
