San José, 31 oct (elmundo.cr) – El abogado penalista Raúl Muñoz Álvarez presentó ayer una denuncia penal ante la Fiscalía de Transparencia, Probidad y Anticorrupción contra el fiscal general, Carlo Israel Díaz Sánchez.
Muñoz indicó que, aunque no puede revelar los detalles de la denuncia, puede compartir sus generalidades, afirmando que busca una investigación por presunto “falso testimonio” y “tráfico de influencias”.
En declaraciones para EL MUNDO, Muñoz, señaló que el fiscal general habría “mentido a los diputados” al declarar bajo juramento en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, el pasado 10 de octubre, que no intervino en el nombramiento de Arelys Mora Gamboa como fiscal de Narcotráfico.
Sin embargo, el abogado sostiene que un correo electrónico en poder de la diputada Paola Nájera probaría que Díaz “giró instrucciones” para el nombramiento de Mora, quien habría sido su pareja sentimental meses antes del evento.
Muñoz también solicitó la suspensión del cargo tanto del Fiscal General como de la Fiscal de Narcotráfico mientras se desarrolla la investigación.
Además, pidió una “inhibitoria para fiscales, jueces y magistrados amigos o compañeros de trabajo relacionados con el nombramiento” de Díaz, a fin de garantizar la objetividad en las indagaciones.
“Las razones para interponer la denuncia son un deber ciudadano, en defensa del buen nombre de los miles y miles de funcionarios judiciales honestos, estudiosos, probos”, afirmó Muñoz, señalando que el caso es un “duro golpe” a la imagen del Poder Judicial y de sus miembros.
El abogado expresó que “la opinión pública ve como injusto” el favorecimiento que, a su parecer, el fiscal general habría dado a su pareja en un cargo de alta responsabilidad.
“El fiscal general Carlo Díaz debe tomar este asunto con la seriedad que merece, no manejarlo como un vacilón”, enfatizó Muñoz, añadiendo que “es imposible que, con tanto cuestionamiento encima, esa pareja judicial pueda dedicarse plenamente al servicio público encomendado”.
Finalmente, Muñoz se unió a la opinión de que el fiscal general y su pareja sentimental, la fiscal de Narcotráfico, “deben irse del Poder Judicial”, aunque enfatizó que su relación personal “no se critica, pero en otro lado”.
