San José, 09 jul (elmundo.cr) – Posiblemente nadie los había escuchado nombrar, sino hasta este miércoles que protagonizaron un bloqueo en múltiples puntos del país, que culminó con dos personas fallecidas, dos heridas, miles de personas atrapadas en las presas y un Gobierno molesto por el hecho.
Porteadores y exporteadores salieron a bloquear las calles de Costa Rica este miércoles. Si bien la actividad del porteo es ilegal, la administración de Laura Chinchilla les facilitó un mecanismo en el 2011 para operar con una licencia, que venció recientemente.
Se trata del Servicio Especial Estable de Taxi (SEE TAXI), un permiso dado a varias empresas porteadoras para que brindaran el servicio sin temor a ser multados por un oficial de Tránsito, por transportar ilegalmente personas en sus vehículos.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) puso a consulta pública un nuevo reglamento para el SEE TAXI desde el 20 de febrero de este año, la misma vencía el 6 de marzo, fecha máxima en la que los interesados podían dar sus aportes, críticas o sugerencias a ese reglamento, pero lo cierto es que nadie se pronunció.
Dicho reglamento establecía como requisitos mínimos de seguridad para entregar los permisos pólizas de seguros, derecho de circulación al día, cumplir con las normativas de seguridad social y renta, mismos requisitos que se les piden a los taxistas comunes. Para los porteadores, tal cantidad de requisitos es imposible de cumplir, sin embargo nunca se lo hicieron expresar a los miembros del Consejo de Transporte Público (CTP).
Todas las licencias de SEE TAXI vencieron este 7 de julio, sin embargo el MOPT mediante el CTP, anunció días antes que renovarían por tres años más solamente 1324 permisos, por lo que inició la consulta a las empresas de cuáles unidades deseaban que continuaran bajo la modalidad.
Hasta el 6 de julio, existían 13.675 licencias de SEE TAXI, mayoría en manos de siete empresas, lo que violentaba la Ley y el criterio de la Procuradoría General de la República, en el sentido de que como máximo, la cantidad de SEE TAXIS no debe superar el 30% de la flotilla de taxis rojos.
Estas fueron las declaraciones el 3 de julio de Mario Zárate, director del CTP con respecto a la renovación de las licencias de porteo:
Puesto que el Gobierno no iba a permitir la renovación de las casi 14.000 licencias de porteo, los “afectados” tomaron las calles este miércoles, exigiendo la renovación total de los permisos, así como amnistía para los porteadores que transportaran personas sin el distintivo correspondiente hasta que los mismos fueran entregados.
Ante esa petición, Luis Guillermo Solís dijo en cadena nacional de televisión este miércoles por la noche que la propuesta rayaba la ilegalidad.
“Los representantes de los porteadores, con quienes el Gobierno negoció por muchas horas, exigieron que les garantizáramos que no habría multas para quienes transportaran personas sin los debidos permisos. Simplemente, no podemos comprometernos a incumplir la Ley y, mucho menos, hacerlo cediendo a presiones indebidas en un momento tan delicado para el país como el actual”, decía visiblemente molesto el mandatario en la cadena de televisión.
¿Pero cómo se identificaban los taxis de la modalidad SEE TAXI? El director del CTP, Mario Zárate, dijo en una entrevista con un medio de comunicación nacional que lo único que los distingue es un sticker grande y redondo en uno de los costados del vehículo, el cual habla del área geográfica en la que tienen permitido operar.
El reglamento ya vigente, estipula además que los permisos para porteo en esta modalidad no deben ser entregados a personas jurídicas, tal y como ocurría anteriormente y motivo por el cual, la esposa del actual diputado del Movimiento Libertario, José Alberto Alfaro posee 722 licencias de SEE TAXI, todas ellas antes del legislador pero quien debió dejar su puesto en la Unión Nacional de Porteadores S. A. (UNAPORTE) para asumir su curúl en el Congreso.
Alfaro inclusive ha usado su puesto de diputado para pedir al Ejecutivo en repetidas ocasiones, legislar sobre el tema del porteo, esto pese a que la Procuradoría de la Ética le pidió abstenerse de opinar sobre estos temas pues podría estar incurriendo en un conflicto ético. La petición de la Procuradoría se hizo a modo de respuesta, luego de que el diputado enviara una solicitud de información sobre si era viable exonerar de impuestos a los vehículos destinados al porteo.
Según reveló el diario La Nación el pasado 2 de diciembre del 2014, el legislador libertario recibe 84.000 colones mensuales por cada una de las 722 placas de UNAPORTE, situación que fue criticada por el viceministro de transportes, Sebastián Urbina.
Ningún diputado libertario quiso dar declaraciones sobre este tema a los medios de comunicación este miércoles en el Congreso.
